El gobierno venezolano quedó habilitado para buscar el enjuiciamiento de la mayoría opositora en el Parlamento -incluso por delitos militares y terrorismo-, luego de que un fallo judicial dejara a los diputados sin inmunidad.
A la oposición «más temprano que tarde le llegará la justicia», advirtió este martes el vicepresidente Tareck El Aissami al celebrar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El detonante del fallo fue un acuerdo aprobado el 21 de marzo por el bloque opositor, que pidió a la OEA convocar a su Consejo Permanente para evaluar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en el país.
Justamente, esa instancia se reúne este martes en Washington a solicitud de un grupo de países -incluidos Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos y México- para discutir sobre la profunda crisis política y económica venezolana.
El TSJ -al que la oposición acusa de servir al gobierno- dictaminó este martes que los asambleístas carecen de inmunidad por estar en desacato, según el fallo que anuló el acuerdo legislativo por petición de la bancada chavista.
«La inmunidad parlamentaria solo ampara (…) los actos desplegados por los diputados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales (lo que no resulta compatible con la situación actual de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional)», indica la sentencia.
A inicios de 2016, esa corte declaró en desacato a la Asamblea por considerar que no desvinculó formalmente a tres diputados acusados de fraude electoral.
El bloque opositor rechazó el fallo por considerar que «viola la autonomía parlamentaria, pretende erradicar la inmunidad de los diputados y pretende conferir poderes exorbitantes» a Maduro, según un acuerdo aprobado este martes.
También reiteró su apoyo a las acciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
Con la declaratoria de desacato, el TSJ ha anulado todas las decisiones de la cámara, órgano que asegura que ya cumplió con la separación de los legisladores impugnados y que el propósito es desconocerla.
El tribunal fue más lejos este martes al ordenar a Maduro tomar «las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción».
Y en el marco del estado de excepción vigente desde 2016, habilitó al mandatario para que garantice la «estabilidad democrática» apoyado en las leyes sobre delincuencia organizada, terrorismo, corrupción y el código de justicia militar.
«El TSJ le está dando al presidente un pase para que tome medidas contra diputados. La más grave sería abrirles un juicio, que podría ser militar», dijo a la AFP el abogado constitucionalista Pedro Afonso Del Pino.
La corte se alineó con el gobierno al considerar que el pedido de Almagro, de sancionar a Venezuela, va «en detrimento de los principios democráticos y de igualdad» del organismo.
En un demoledor informe sobre la situación del país, Almagro planteó al Consejo Permanente suspenderlo de la OEA si no realiza elecciones generales en breve, como reclama la oposición.
Según el diplomático, el gobierno venezolano «viola con impunidad los derechos de sus nacionales, mantiene presos políticos sólo por el hecho de disentir, tortura, roba, corrompe, trafica drogas y mantiene a su población sometida a la falta de alimentos, de medicinas y de dinero para subsistir».
Ante la reunión el Consejo Permanente, el gobierno convocó este martes a miles de partidarios a una «marcha anti-injerencista» que llegó a las inmediaciones de la Asamblea, donde la oposición sesionó. No se reportaron incidentes.
Durante la movilización, El Aissami anunció que demandará a Almagro ante instancias internacionales por supuestamente afirmar que le congelaron 3.000 millones de dólares, luego de que Estados Unidos incluyó al vicepresidente en su lista de narcotraficantes, el pasado 13 de febrero.
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«Le está ordenando al Sebin (servicio de inteligencia) que detenga a los diputados con un efecto selectivo o masivo. Con sus decisiones, el TSJ ha logrado su objetivo de paralizar la Asamblea, generando una ruptura del orden constitucional», declaró a la AFP.
Maduro descarta un adelanto de las elecciones presidenciales de 2018, mientras las regionales siguen en el limbo pues debieron realizarse a fines del año pasado, pero el poder electoral las pospuso para 2017 y aún no tienen fecha. AFP
