Manuel Velasco Coello, gobernador de Chiapas, aprobó para su madre, Leticia Coello, un presupuesto de 3.9 millones de pesos por concepto de “apoyo” como presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Chiapas, reveló el portal Animal Político.
De acuerdo al Decreto 209 donde se establecen las bases de este organismo estatal, la presidencia del Consejo Consultivo Ciudadano es un cargo simbólico, cuya función es “formular sugerencias” para el mejoramiento de la institución.
El mismo decreto señala que el presidente y los cinco vocales de dicho consejo “no percibirán retribución, compensación o emolumento alguno” porque su propósito es únicamente “emitir opiniones y recomendaciones sobre las políticas del DIF-Chiapas.”
Sin embargo, desde que Manuel Velasco inició como gobernador a finales de 2012, su madre preside el consejo ciudadano y ha recibido, desde 2013, cantidades millonarias para desempeñar su cargo.
En total, Leticia Coello ha recibido 11.3 millones de pesos del DIF de Chiapas. En 2013, el “apoyo” fue de tres millones 560 mil pesos, en 2014 igualmente recibió más de tres MDP y sólo para este año, la señora Coello recibió 3.9 MDP bajo el concepto de “Coordinación de acciones en apoyo a la presidencia del Dif Estatal”, como se puede constatar en el Presupuesto de Egresos de 2015 del organismo.
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Según el documento, los 3.9 MDP son exclusivos para la presidenta del Consejo, pues este órgano honorífico cuenta con otro presupuesto para su operación. Además, los recibe en pagos mensuales que van de los 283 mil a los 454 mil pesos.
Leticia Coello es quien encabeza los actos oficiales del DIF, también rinde los informes de trabajo y es nombrada en los mismos boletines de la institución como “Presidenta”. Sin embargo, según el Decreto 209, el verdadero titular de la institución debe ser el Director General, cargo ocupado por Carolina Sohle Gómez.
La madre de Manuel Velasco estaría cometiendo el delito de usurpación de funciones públicas, mismo que se tipifica en el artículo 409 del Código Penal de ese estado, y se refiere a quien “falsamente se atribuya y ejerza funciones de un servidor público.” Este delito tiene una pena de seis a cinco años de prisión.
Animal Político solicitó copias de las facturas y recibos que comprueben el destino del dinero entregado a Coello, a lo que el DIF Chiapas respondió a través de un oficio que esa información es «confidencial y de acceso restringido.»
