Miles de personas se movilizaron la noche del jueves en Rosario, la tercera ciudad argentina y una de las más violentas, para reclamar medidas contra la inseguridad.
Bajo el lema «Rosario sangra», familiares de víctimas y ciudadanos en general marcharon desde la sede de los Tribunales a la representación del gobierno provincial.
Rosario es el principal puerto agroexportador de Argentina, y con 909.000 habitantes es la mayor ciudad de la provincia de Santa Fe y la tercera del país detrás de Buenos Aires y Córdoba.
La marcha, la segunda en dos semanas, avanzó al grito de «justicia, justicia», y fue convocada por varias agrupaciones sociales.
«Son 200 delincuentes que tienen aterrados a la ciudad, una ciudad que no la podemos aprovechar, porque no podemos salir a una plaza, no podemos estar en la puerta» de nuestras casas, advirtió Enrique Bertini, padre de Mariano, asesinado en 2014 en un hecho de inseguridad.
Con una tasa de 12,2 homicidios cada 100.000 habitantes en 2015, la provincia de Santa Fe duplica el promedio nacional de casos (6,6), según un informe del Sistema Nacional de Información Criminal publicado en abril pasado.
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En lo que va de 2016, en Rosario se cometieron 135 asesinatos, mientras que en la ciudad de Santa Fe (capital de la provincia con 353.000 habitantes) hubo 92.
Hace varios años que Rosario es territorio de disputas entre bandas que controlan la venta de droga de bajo precio y calidad, sobretodo en los barrios de menores recursos.
Según los últimos datos oficiales, Rosario es la ciudad con mayor índice de desempleo de Argentina con 11,7%, frente al 9,3% a nivel nacional.
En medio de la crisis por la inseguridad, se desató una disputa luego de que el gobernador santafesino Miguel Lifschitz (socialista) pidiera al gobierno de Mauricio Macri (centroderecha) el envío de fuerzas federales para controlar las calles, como ya había ocurrido en abril de 2014 y mayo de 2015.
La ministra de Seguridad de Macri, Patricia Bullrich, le propuso en cambio un plan de lucha contra el narcotráfico, pero en el que su ministerio ejerza el control sobre la policía local, lo que el gobernador rechazó.
