El debate por la legalización de la mariguana en México lleva años dando pequeños pasos después de una guerra contra los cárteles de la droga que ha dejado 80 mil muertos y más de 20 mil desaparecidos.
En los próximos días, la discusión podría dar un gigantesco salto hacia adelante con la ayuda de Arturo Zaldívar, uno de los 11 jueces del Tribunal Supremo mexicano.
El 28 de octubre, el ministro presentará ante la primera sala de la Corte un proyecto que pretende declarar inconstitucionales cinco artículos de la Ley general de Salud que prohíben la siembra, cultivo y posesión de la droga para autoconsumo con fines recreativos. Su propuesta no contempla autorizar el comercio de la sustancia.
El proyecto de Zaldívar, presentado el viernes, pretende amparar a la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Tolerante y Responsable, una organización de clubes de cannabis que hace dos años solicitó al gobierno permisos para cultivar plantas de mariguana con fines de consumo recreativo.
La Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios, la Cofepris, rechazó la solicitud. Los quejosos promovieron un amparo que fue negado por un juez en primera instancia.
El ministro cree que no corresponde al Estado limitar las libertades. “Pertenece a la autonomía individual… la posibilidad de decidir responsablemente si desea experimentar los efectos de la sustancia”, indica el documento.
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La justificación de Zaldívar afirma que el consumo de la mariguana en personas adultas no supone un riesgo importante para la salud sino se utiliza de forma crónica y excesiva.
Las afectaciones son menores o similares a las que producen sustancias no prohibidas como el alcohol o el tabaco, dice el ministro en su propuesta a la primera sala. Para que el amparo sea concedido bastaría que tres de los cinco jueces respalden la propuesta de Zaldívar, uno de los juristas más liberales dentro de la Corte. Sus proyectos, sin embargo, suelen estrellarse frente a la mayoría conservadora del Tribunal.
Si la mayoría de la primera sala respalda el proyecto quedarían sin efecto los artículos 235, 237, 245, 247 y 248 de la Ley general de Salud. El primero de ellos aprobaba la siembra, cultivo, preparación y posesión de estupefacientes exclusivamente para fines médicos y científicos.
El segundo prohibía usar para estos fines la cannabis sativa (mariguana), además de otras sustancias como el opio y la heroína. El resto de artículos regulaba y clasificaba las sustancias psicotrópicas. Zaldívar afirma en su texto que el amparo sólo beneficiaría a la mariguana.
La declaratoria de inconstitucionalidad no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o distribución de la sustancia.
