En su mensaje en la ceremonia inaugural del «XVI Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. El Constitucionalismo Para la Democracia del Siglo XXI. Homenaje a la Constitución Mexicana de 1824», en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, se refirió a la obligación que se tiene por parte del Poder Judicial de mantenerse independiente y cumpliendo con su responsabilidad de hacer respetar la Constitución en una democracia y respetar las leyes que de ella emanen, en busca del respeto a los derechos de la sociedad y como equilibrio de poder.
A continuación la exposición que la estudiosa mexicana ofreció a también estudiosos del Derecho, en la capital del país latinoamericano. Y que está muy relacionado con los días que corren por Mexico, en los que dos poderes de la República, el Legislativo y el Ejecutivo están interesados -coinciden estudiosos nacionales- en apoderarse del único contrapeso que está vigente en este territorio, el Poder Judicial:
«El constitucionalismo está sujeto a fuertes golpes de timón, es por ello que resulta de la mayor relevancia, que este congreso se oriente también, al análisis del constitucionalismo, para la democracia del Siglo XXI.
Porque la democracia constitucional en el mundo entero, muy señaladamente en nuestro país, atraviesa momentos muy delicados y muy difíciles.
En las últimas semanas, hemos sido testigos de un amplio abanico de pronunciamientos tanto a nivel nacional, como internacional, en torno, a las implicaciones y repercusiones desde la Reforma Judicial en México.
Estas voces, provenientes de diferentes sectores y con diferentes perspectivas, han hecho todo los posible por elevar el nivel del debate público. Subrayando la trascendente necesidad de un análisis profundo sobre el impacto de la reforma a la impartición de justicia. Y sobre todo, en los derechos de las personas. En la división de poderes y en la conformación misma de un estado constitucional y democrático en derecho.
Muy destacadamente, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, nos han llamado la atención de la comunidad nacional e internacional, señalando que sí, los mexicanos están perdiendo su derecho a una justicia imparcial y el respeto a sus derechos humanos.
La impartición de la justicia, la desaparición de la carrera Judicial y la erosión de la certeza jurídica no sólo afecta a los ciudadanos, sino que también comprometen la confianza en el sistema judicial, crucial, para el desarrollo económico y social del país.
No cabe duda y hay mucha información que nos proporciona la historia y el presente en muchas latitudes, que los derechos humanos están en riesgo cuando el poder, de cualquier tipo, no puede ser contenido, frenado y controlado.
Es también una verdad evidente y uno de los propósitos de un Poder Judicial independiente y lo subrayo: independiente, es proteger los derechos humanos y ser un contrapeso al poder que no podría amenazar esos derechos.
Coincido por tanto, que en toda democracia, el camino para fortalecer el estado de derecho, debe ser evaluado, debatido y enriquecido, Y que cuando múltiples voces se alzan en un coro de advertencias, es prudente, poner atención.
La independencia judicial, como patrimonio de la humanidad, está directamente vinculada con la esencia misma del carácter constitucional de las sociedades democráticas. La independencia de las y los jueces son elementos fundamentales para fomentar y mantener la confianza de la sociedad en la judicatura, para que la gente, las personas tengan la certeza de que aun hay jueces…
Estoy convencida que defender la democracia constitucional es en esencia, defender la dignidad inherente de cada persona. Al defender la democracia constitucional, estamos defendiendo las bases para que cada persona, pueda desarrollar su proyecto de vida, alcanzando su máximo potencial en un marco de respeto y de igualdad.
Al defender la democracia constitucional, no sólo luchamos por la preservación de la forma de gobierno establecida por nosotros y nuestros antepasados en el Constituyente de 1824, sino que también honramos la esencia misma de nuestra humanidad. Aseguramos que los derechos que de ella emanen, sigan siendo una realidad tangible para las generaciones presentes y futuras. Cimentando un legado de respeto, libertad y justicia para todos.
Debemos tener presente, que no por el simple hecho de tener una Constitución en sentido formal, se puede hablar de la existencia de un Estado constitucional y democrático de Derecho.
No debemos olvidar que en la Constitución, debe estar cimentada la organización y el funcionamiento de nuestra República representativa, democrática y federal, como autoridades y como gobernados. Como ciudadanos, tenemos la obligación de cumplir las leyes que de ella emanan. La conservación y el respeto a la democracia, al Estado de Derecho, a la División de Poderes, a la colaboración entre ellos, ala independencia Judicial y a los derechos fundamentales, son elementos básicos, de un Estado constitucional».
