La reforma educativa en México es un saco de boxeo. La interminable pugna entre el Gobierno y un sindicato docente en torno a la implementación de un sistema de evaluación de los profesores mantiene en la sala de espera el proyecto de regeneración de la educación pública mexicana, la peor clasificada en la lista de los 34 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El último episodio ha sido un juego del gato y el ratón. En las semanas previas a las elecciones intermedias del viernes pasado, el sindicato en pie de guerra, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), amenazó con boicotear los comicios si el Gobierno no reculaba en su reforma. La situación llegó a un punto tenso con ataques a oficinas electorales y quemas de papeletas. El Ejecutivo decidió apaciguar y el viernes 29 de mayo, nueve días antes de las elecciones, anunció que suspendía «indefinidamente» las pruebas a profesores. Tan solo un día después de que se celebrasen los comicios, este mismo lunes, superada la coyuntura, el Gobierno sorprendió reactivando de inmediato las fechas de evaluación.
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La organización civil Mexicanos Primero había presentado un amparo para que se restableciesen los exámenes y un juez federal había dictado que se debía reanudar el proceso. El secretario de Educación, Emilio Chuayffet, ha reconocido que la suspensión provisional de las pruebas se debió a la necesidad de evitar conflictos en las elecciones: «La prudencia ha cumplido con sus dos propósitos: que se mantenga la evaluación en tiempo y forma y que no se vulnerara el derecho de todos los participantes en el proceso electoral». La próxima tanda de exámenes se hará del 20 al 22 de junio. En las primeras pruebas hubo 34.000 profesores en activo que suspendieron, aunque siguen conservando su puesto de trabajo. Chuayffet ha avisado a la CNTE de que debe cumplir con la convocatoria: «Estas son las reglas: el que no vaya al proceso de evaluación no tendrá plaza».
