La desaparición forzada en México, de acuerdo con datos del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tiene niveles similares a países que han experimentado guerra civil y violencia política, como Siria y Pakistán.
El reporte «Desaparición forzada y tortura en México. La perspectiva de organismos internacionales y datos según averiguaciones previas», publicado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado, precisa que de 2008 a 2015 han ocurrido 136 casos en el país, cifra solo superada por Pakistán y Sri Lanka, con 144 y 282, respectivamente.
Indica que, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, los estados con mayor cantidad de desaparecidos, relacionados con averiguaciones previas del fuero federal, son Guerrero (191), Tamaulipas (174) y Veracruz (85).
Por ello, el IBD advirtió que el reto del Senado es la aprobación de una ley que prevenga esta violación, facilite la localización de personas y garantice la reparación integral a las víctimas, congruente con los estándares internacionales de derechos humanos; entre las consideraciones que se deben tomar en cuenta, expone la necesidad de contar con un registro de información adecuado.
La legislación en la materia vio consumado el plazo para su aprobación el 6 de enero pasado, por lo que fue postergado; según el grupo de la ONU, se espera que la legislación se emita en el plazo previsto, cumpla con los estándares internacionales y que en su elaboración participen las víctimas y organizaciones civiles.
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El reporte expone que, según la «Información Estadística sobre Desaparición de Personas» que incluye solo averiguaciones previas del fuero federal, se reportaron 820 desaparecidos, de los cuales 597 son hombres y 223, mujeres.
El último informe anual del grupo de trabajo de la ONU reportó 545 desapariciones forzadas o involuntarias al gobierno mexicano, entre 1980 y 2015, los años con mayor número de casos, que coinciden con periodos en que las fuerzas armadas intervinieron en tareas de seguridad.
En tanto, los diputados perredistas Jesús Zambrano y Alejandro Ojeda urgieron al Congreso establecer una mesa de trabajo conjunta a fin de dictaminar y aprobar, antes del 30 de abril, la Ley General contra la Desaparición Forzada.
Presidente y vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara, respectivamente, señalaron que falta voluntad política para asegurar que el tema sea aprobado lo más pronto posible, por lo que consideraron viable y necesaria una mesa entre diputados y senadores.
