El Gobierno mexicano no cree que la tortura sea una práctica generalizada en el país. La cancillería ha rechazado este lunes el informe de la ONU que señala duramente a policías, forenses, jueces y fiscales como cómplices de este problema. El reporte elaborado por Juan Méndez, relator sobre la tortura del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, apunta a omisiones e indiferencia por parte de las autoridades mexicanas para atajar estos abusos.
En un comunicado, el ministerio de Exteriores ha reconocido, por un lado, que existen casos “aislados” de tortura y que es una acción que no ha sido totalmente erradicada en México. “Existen discrepancias con algunas de las valoraciones vertidas por el relator, tanto en el informe como en las declaraciones que le han seguido”, señala la nota diplomática, “Una de ellas es la valoración de que en México existe una práctica generalizada de la tortura, en un contexto de impunidad, que involucra a todas las fuerzas del orden. Esta valoración no corresponde a la realidad”.
Méndez elaboró el informe tras una visita que realizó del 21 de abril al 2 de mayo de 2014. La cancillería ha apuntado que el relator de la ONU sólo observó 14 casos para trabajar en su reporte, y que algunas de sus visitas a centros penitenciarios se hicieron sin una cita previa y “poca preparación”. Incluso, Exteriores admite que existen condiciones de”pobre infraestructura y malos tratos”, pero que no pueden ser definidos como tortura.
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La cancillería mexicana también ha manifestado que el relator no ha compartido con el Gobierno información sobre tortura hacia niños y niñas, a pesar de que ha asegurado que ha recogido testimonios de menores sobre estas prácticas. “Otra inconsistencia (en el informe) radica en una de sus declaraciones según la cual el relator recogió cientos de testimonios, incluidos niños y niñas, que dijeron haber sufrido actos de brutalidad durante su detención”, dice el comunicado de Exteriores.
Tras la polémica, el relator especial de la ONU ha ofrecido una visita de seguimiento para 2015 o 2016. “Entiendo que el Gobierno no esté de acuerdo, lo que no entiendo es que se corte el diálogo por no ponernos de acuerdo en una caracterización cuando hay tanto más en el informe que podemos discutir”, comentó este lunes Méndez a una radio mexicana. En el informe, además, señala la necesidad de retirar al Ejército de las calles y también la preocupación de que entre 2005 y 2013 solo hubiese cinco sentencias relacionadas con los abusos. “Yo no puedo cambiar mi calificación a menos que me demuestren, con mucha claridad, que estaba equivocado”, apuntó el relator.
