Hace tres días se cumplieron cinco meses de que 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa desaparecieron, y sólo se sabe el destino de uno de ellos.
Ese hecho, ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, acabó con el llamado Mexican moment (Momento mexicano) que tenía al Presidente Enrique Peña Nieto en los cuernos de la Luna.
Meses antes, el Presidente aparecía en la influyente revista Time y el titular Saving Mexico (Salvando a México), en el que destacaban que con las reformas aprobadas en su primer año con el apoyo de los partidos de oposición, el Mandatario dejaba atrás el discurso de la guerra contra el crimen organizado que perduró durante todo el sexenio de Felipe Calderón.
Sin embargo, meses después ocurriría la desaparición de los 43 normalistas que, de acuerdo con la versión oficial, primero fueron detenidos por policías y posteriormente entregados al cártel Guerreros Unidos, que no sólo controlaba la región, sino que lo hacía con la venia del alcalde de Iguala José Luis Abarca y de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, quienes presuntamente habrían ordenado desaparecerlos.
En un primer momento, el Presidente catalogó el incidente como un hecho local que debía ser resuelto por el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. Sin embargo, con el pasar de los días —10 para ser exactos— no les quedó más que intervenir. Actualmente sólo se conoce el destino de uno de ellos, y el procurador al frente del caso, Jesús Murillo Karam, ya dejó la PGR.
Las críticas a nivel nacional e internacional no se hicieron esperar. El Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), llamó a México a comparecer en Ginebra ante el crecimiento en este tipo de casos.
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Rainer Huhle, miembro del Comité y relator sobre el caso de México, lamentó que el país no cuente con una base de datos confiable al respecto. “¿Cuántas desapariciones forzadas hay? No lo sabemos porque el Estado no ha proporcionado la cifra, pero sabemos que son muchas, demasiadas”.
“Sorprende la falta de unidades científicas y forenses para buscar a los desaparecidos”, secundó Luciano Hazan, el segundo de los relatores.
La sesión era presenciada por el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, y por dos de los padres de los normalistas desaparecidos.
El ombudsman mexicano afirmó que en el país las desapariciones forzadas son un grave problema de inseguridad, y remató: “Los derechos humanos en México enfrentan actualmente una de sus etapas más críticas y desafiantes”.
Los padres, por su parte, piden a la gente que no los abandonen en su lucha.
