La intervención del Ejército y la Policía de Honduras en las cárceles luego de varios episodios de violencia ha desatado la polémica en el país, donde la sociedad civil aplaude la medida y defensores de derechos humanos se muestran desconfiados al considerar que no traerá cambios en el sistema.
La medida fue ordenada ayer por el Ejecutivo que preside Juan Orlando Hernández, que además declaró el estado de emergencia en el sistema penitenciario tras la muerte violenta de una quincena de personas, incluidos cuatro menores, en los últimos seis meses en diferentes cárceles del país.
Las reacciones no se hicieron esperar entre representantes de diversos sectores sociales. Por ejemplo, el excomisionado hondureño de los derechos humanos, Leo Valladares, dijo a Efe que las Fuerzas Armadas no han sido creadas para controlar la seguridad en las cárceles, pues su papel es defender el territorio y la soberanía nacional.
Aseguró que en el país no existen cárceles de «máxima seguridad», porque los presos «se escapan, hay reyertas que terminan con muertes».
PERSISTENTES PROBLEMAS
Valladares indicó que los episodios de violencia en las cárceles ilustran los persistentes problemas del sistema penitenciario del país, como autogobierno de reos y hacinamiento, así como las pugna entre grupos contrarios.
«En las cárceles nuestras, en la práctica, lo que existe es un cogobierno (gestión compartida entre la autoridad penitenciaria y los reos u organizaciones criminales), muchas cosas no se pueden hacer sin la venia de ellos (presos)», enfatizó.
En su opinión, será «peligroso» la intervención puesto que los militares tienen armas, pero también las tienen los presos.
El Ejecutivo hondureño nombró además una comisión interventora, que encabezará el coronel José González Maradiaga, y suspendió del cargo a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario y del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores mientras dure la intervención.
Las cárceles hondureñas presentan problemas de conflictividad y hacinamiento, debido entre otros factores a que más de la mitad de los 22.000 presos está en prisión preventiva sin sentencia.
INTERVENCIÓN, PERO DE SOCIEDAD CIVIL
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«Estamos conscientes que es necesario una intervención (en el sistema penitenciario), pero debe ser de parte de la sociedad civil», subrayó Castro.
La ejecutiva de ACI-Participa, una organización civil integrada por un grupo de profesionales hondureños que promueven el respeto y promoción de los derechos humanos, considera que «no habrá ningún cambio» en las cárceles con la llegada de los militares y los policías.
«Los órganos represores son los que cometen las torturas y permiten el ingreso de armas», de fuego y blancas, que son utilizadas en muchos asesinatos de presos en las diferentes cárceles, enfatizó.
VIOLACIONES A LOS DERECHOS DE PRESOS
Para el dirigente de la sociedad civil, Josué Murillo, la decisión de entregar a los militares el mando de las cárceles es una idea «colosalmente mala», porque son los principales autores de las violaciones a los derechos humanos.
La intervención militar en el sistema penitenciario causará «violaciones a los derechos» de los presos, porque «nunca han podido generar verdaderos controles», dijo a Efe Murillo.
Agregó que el Estado de Honduras está «infringiendo sus compromisos internacionales y violando principios interamericanos en temas de derechos humanos» al encargar a los militares de la seguridad de las cárceles.
Al menos cinco centros penales de Honduras han sido escenario de varios hechos violentos en los últimos seis meses que se han saldado con unos quince muertos y alrededor de medio centenar de lesionados, según cifras de organizaciones de derechos humanos.
Los militares hondureños también han sido blanco de críticas por aceptar en noviembre pasado tareas agrícolas del Ejecutivo, que les asignó una partida equivalente de unos 161 millones de dólares.
Diversos sectores cuestionan al presidente hondureño por tanto protagonismo que le ha venido dando a los militares en sus dos períodos de gobierno, el primero iniciado el 27 de enero de 2014, ya que los elementos del Ejército han fracasado en muchas tareas que les han asignado. EFE
