Personal militar ha participado en 301 casos de tortura y desaparición forzada (229 de tortura y 72 por desaparicion forzada), entre 2006 y 2015, según supo Milenio. Los casos han sido remitidos a la PGR.
La Secretaría de la Defensa Nacional ha puesto a disposición de autoridades federales a mil 273 militares para que sean juzgados por delitos contra civiles. Hay 558 casos canalizados a la PGR por acusaciones de tortura, desaparición forzada y homicidio.
El general de brigada Jesús Gabriel López Benítez, procurador general de Justicia Militar, en entrevista con este diario dijo que la aplicación de la ley contra los elementos del Ejército que delinquen o de quienes existe la sospecha que cometieron algún ilícito, no deja margen a la impunidad, porque se les enjuicia en los fueros federal y de guerra.
Confirmó que desde abril de 2012, la justicia militar ha enviado a la PGR 229 casos por actos de tortura cometidos entre 2007 y 2015 por personal del Ejército.
Además hay 257 expedientes por homicidio, de los que tuvo conocimiento en el mismo periodo y 72 por desaparición forzada, que fueron denunciados de 2006 a junio de 2014.
Una reforma al Código de Justicia Militar, a partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de Rosendo Radilla, obliga a las autoridades militares a que todos los casos de delitos contra civiles salgan de su jurisdicción.
López Benítez explicó que alrededor de mil 700 averiguaciones previas y 274 expedientes que estaban en el fuero de guerra se enviaron al Ministerio Público de la Federación para que se haga cargo de la investigación y de la posible consignación de los implicados.
Afirmó que la Procuraduría General de Justicia Militar ha «cumplimentado» 310 órdenes de aprehensión emitidas por juzgados federales contra miembros de las fuerzas armadas acusados de perpetrar delitos contra civiles.
El general sostuvo que en el fuero militar existe una efectividad de 95 por ciento en el procesamiento de los trasgresores de las normas castrenses y la mayoría de los casos también han tenido una sanción.
Durante la presente administración, se han realizado 219 consejos de guerra que derivaron en 177 sentencias condenatorias.
La desobediencia es uno de los delitos de mayor incidencia, como es el caso de los dos militares implicados en la tortura de Elvira Santibáñez, la mujer que aparece en un video grabado el 4 de febrero de 2015 cuando es interrogada de forma violenta e ilegal.
Sobre esos hechos de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, el procurador aseguró que este tipo de conducta será castigada en el fuero de guerra, además de que la PGR consignará al capitán y a la soldado ante un juzgado federal.
Del caso Tlatlaya, sostuvo que es falso señalar (como lo hizo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez) que este asunto va camino a la impunidad, porque hay tres soldados que enfrentan proceso por homicidio y otros delitos, además de que está en apelación la libertad que se les otorgó a otros en el ámbito militar.
—¿Y sobre los dos militares del video de Ajuchitlán del Progreso?
—Tuvimos conocimiento en diciembre de 2015 y de las investigaciones se llegó a la certeza que los hechos ocurrieron en febrero de ese año. Iniciamos la indagatoria con celeridad, constriñéndonos a los delitos de nuestra estricta competencia. El oficial que estuvo presente no participó, pero toleró lo que sucedía y se consignó por desobediencia junto a la mujer soldado que se aprecia en el video. De manera paralela enviamos el caso a la PGR para que tomara conocimiento de las conductas de su competencia. Consignado el asunto en el fuero militar en enero de 2016, se cumplimentó la orden de aprehensión y se encuentran sujetos a proceso por los delitos castrenses. En fecha próxima la PGR consignará el asunto ante un juez federal por el maltrato a una persona civil.
—¿Qué implica el delito de desobediencia?
—Entre los deberes que tiene un comandante, en este caso el oficial, quien fungía como jefe de la soldado y de otros militares que estaban en el área, se encuentra precisamente velar por los derechos de la ciudadanía, evitar cometer atropellos, abusos o algún exceso, eso lo sabemos todos los militares, más los que están operando en áreas donde se da apoyo a las estructuras de seguridad pública.
Luego abundó sobre lo acontecido en Ajuchitlán: «Ahí hubo una flagrante desobediencia por parte de los oficiales por permitir y tolerar este tipo de conducta que será castigada en el fuero militar, independientemente de la suerte que siga el asunto en la PGR y que en su momento conocerá un tribunal federal.
—¿Cómo va el proceso por Tlatlaya?
—Se inició proceso a militares en dos fueros, en el militar por cuanto hace a las conductas que transgreden a la disciplina, en el caso del teniente una desobediencia, él salió con un número menor de efectivos del que está ordenado para operar, entre otras cosas. Y el personal subordinado por una infracción de deberes comunes. Independientemente de esa conducta, la autoridad ministerial federal les inició procedimiento o investigación por las conductas que vulneran derechos humanos de personas civiles, nosotros somos incompetentes como fuero militar para conocer de esos hechos, absolutamente no nos involucramos en ese tema de la privación de la vida de las personas que estaban en la bodega. El teniente recibe sentencia de un año (en el fuero militar) que ya compurgó y la sentencia absolutoria a otros implicados se apeló y de ello está conociendo el Supremo Tribunal Militar que en su momento resolverá sobre el particular. Siguen tres militares en prisión por homicidio, sujetos a proceso federal.
—Organismos nacionales e internacionales aseguran que el fuero militar propicia la impunidad
—No. Considero que somos más severos con el militar de lo que pudiera ser quizá un juez federal o un ministerio público del fuero común o federal.
—El secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, garantizó que se procederá con rigor a quien atente contra civiles.
—Los órganos del fuero de guerra han trabajado en ese sentido, en los casos en que tenemos noticia de que los militares han incurrido en una probable violación a derechos de personas civiles o infracciones a la disciplina militar, de inmediato procedemos.
—Pero está el video y Tlatlaya, ¿qué le dice a la ciudadanía para que no pierda confianza en las fuerzas armadas?
—Debo decirle a la ciudadanía que en estos y otros casos se actúa con celeridad, no estamos dispuestos a tolerar este tipo de conductas en la institución, la opinión pública mantiene la aceptación en las fuerzas armadas, así lo refieren algunas encuestas. Por ese hecho estamos cada vez más comprometidos a seguir actuando con rigor cuando se tiene conocimiento de conductas que atentan contra la gente, la imagen de la institución y de lo que nuestros superiores y doctrina militar nos enseñan día a día.
—Según estadísticas en el fuero militar se consignan 95 por ciento de los casos, y en el civil solo 1 por ciento
—La procuraduría militar tiene en el país 108 agentes del Ministerio Público, en cuanto tenemos conocimiento de una conducta penalmente reprochable actuamos de inmediato, eso nos da una gran ventaja, porque en un corto lapso tenemos al trasgresor ante un tribunal militar.
—¿Cuántos militares han sido acusados por tortura, homicidio y desaparición forzada?
—En el caso de tortura de 2007 a la fecha, tenemos un dato de 229 casos que se han canalizado a la PGR en su totalidad; por desaparición forzada 72 casos de diciembre de 2006 a junio de 2014 y 257 por homicidio, de 2007 a 2015, también enviados a la PGR. A partir de abril de 2012, los tribunales militares han declinado 274 causas penales y la procuraduría militar poco más de mil 700 averiguaciones previas, y hemos cumplimentado 310 órdenes de aprehensión giradas por un tribunal federal contra militares.
No es suficiente
- La Sedena debe establecer mecanismos de control y de rendición de cuentas, pues una disculpa «no es suficiente», afirmó Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.
- Dijo que el Estado es el que pone en riesgo la aplicación de la justicia con actos como la tortura, porque la mujer torturada está detenida por secuestro «por actos que quizá cometió».
- Afirmó que el video da cuenta de la realidad que el gobierno ha negado de la práctica de la tortura, por eso se enfrentó con el relator de la ONU, Juan Méndez, de quien descalificó su informe.
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