Al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) le siguen apareciendo faltas administrativas y presuntos delitos electorales.
Este viernes la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) acordó proponer al Consejo General una multa de 88 millones 547 mil pesos al PVEM, por recibir dinero de origen desconocido para pagar miles de camisetas que nunca recibió y por las que le dieron un terreno que escrituró a nombre de un ex miembro de la dirigencia, actual funcionario federal.
En esta trama estuvo involucrado Arturo Escobar y Vega, quien firmó diversos contratos y recientemente, en otro caso, fue consignado por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Elecorales (FEPADE) de la PGR, pero una jueza negó la orden de aprehensión.
En 2012, el Partido Verde formó parte de la coalición que, con el PRI, postuló a Enrique Peña Nieto como candidato presidencial
La Comisión de Fiscalización del INE aprobó este viernes, por unanimidad, proponer dicha sanción al PVEM, acuerdo que será votado en la sesión del Consejo General del próximo miércoles.
Esta anomalía fue detectada por el INE desde 2010 y, por tanto, fue una investigación muy larga, en la que no medió la denuncia de un partido político, sino derivó de diligencias efectuadas por el Instituto Federal Electoral y ahora INE, explicó el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ciro Murayama.
Además, se dará vista a la FEPADE por si en el caso hubo delitos que corresponde investigar a la PGR.
Pagos a un notario, la primera pista
Murayama explicó que un auditor del entonces IFE encontró en la fiscalización de 2009 que dicho partido estaba dando cuenta de un conjunto de gastos en escrituras de inmuebles con un notario, pero al pedir que se demostrara de qué inmuebles se trataba, el partido político no proporcionó la información.
Recurrieron al notario y hallaron que esos inmuebles no fueron escriturados a nombre del partido, sino de Marco Antonio de la Mora Torreblanca, ex secretario de organización del partido, otrora dirigente estatal en Guerrero, suplente de Escobar en la Cámara de Diputados y actual delegado de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en dicha entidad.
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El expediente señala que pagó 11 millones 218 mil 641 pesos a la empresa Grupo Textil Joad por el suministro y elaboración de 763 mil 599 playeras estampadas con el logo de dicho partido.
Pero se incumplió con el contrato y el PVEM recibió un terreno lotificado en tres partes, ubicado en Iztapalapa, propiedad de un obligado solidario. Sin embargo, no fueron escriturados a nombre del partido, sino del mencionado de la Mora Torreblanca.
De confirmarse, como apunta que ocurrirá el miércoles próximo, esta multa se sumará a los más de 500 millones de pesos impuestos este año a dicho partido por casi una veintena de violaciones cometidas por el Verde durante la pasada campaña electoral. Según Murayama, sería la sanción más alta en la historia de la fiscalización producto de la revisión de un informe ordinario de gastos y por una conducta individual.
Las faltas cometidas en esta ocasión por el Verde son: recibir ingresos de origen desconocido que no fueron informados, hacer gastos no informados a la autoridad y tener cuentas por cobrar no cobradas.
Además, el INE encontró que el Partido Verde actuó con dolo, porque a lo largo de estos años se le requirió información que se trató de ocultar tanto el ingreso como el gasto y el cobro, refirió Murayama.
Arturo Escobar, de visita en el INE
Unas dos horas antes de que la Comisión de Fiscalización sesionara, Escobar fue al INE y se reunió con el representante de su partido, Jorge Herrera, tras lo cual rechazó que lo haya hecho con algún consejero y sólo planteó que estará al pendiente del proceso que se sigue en su contra.
Murayama confirmó que Escobar suscribió diversos contratos relacionados con este caso, como responsable de las decisiones del partido, y añadió: No lo vi. No he tenido contacto con él en los meses recientes, pero comentó que previamente se concedió al Partido Verde su derecho de audiencia.
Destacó que la información sobre este expediente no circuló previamente, porque “no estamos para hacer juicios mediáticos. Sin hacer estridencia ni condescendencia, estamos llevando el proyecto al Consejo General”.