Desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico en México en 2007, el crimen organizado ha asesinado 82 alcaldes, 64 funcionarios municipales, 13 candidatos y 39 líderes y activistas políticos locales. Si añadimos desapariciones, atentados y amenazas públicas, el total llega a 441 ataques. En promedio se registraron cuatro ataques por mes en el sexenio del presidente Felipe Calderón (2006-2012) y cinco ataques por mes en los dos primeros años del presidente Enrique Peña Nieto. Aunque la mayoría de los ataques se concentran en los estados de Guerrero, Michoacán, Jalisco y Sinaloa (en el Pacífico mexicano) y en los estados norteños de Chihuahua, Durango y Tamaulipas, el 11% de los municipios – donde habita el 30% del país – han experimentado al menos un ataque en los últimos ocho años.
Mediante estos ataques el crimen organizado ha logrado ablandar, abaratar y capturar a cientos de autoridades locales y apropiarse de los recursos y las policías municipales. En estos espacios conquistados, los grupos criminales ejercen las dos funciones centrales del Estado – la tributación y el monopolio de la violencia – y eliminan o desaparecen a quienes se opongan.
No hace mucho tiempo hablábamos del municipio como la institución que alimentó la transición mexicana a la democracia; como el espacio donde inició la competencia electoral y la alternancia, para luego expandirse al resto del país. Hoy es urgente entender por qué el narco ha logrado a través de la violencia apoderarse de la institución germinal de la democracia mexicana.
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Pero más allá de los factores que hacen atractiva la toma del municipio, están los factores que los hacen vulnerables. Puesto quelos municipios no tienen la capacidad policial para enfrentar a los poderosos ejércitos del narco, los alcaldes dependen del auxilio federal. La experiencia reciente de la guerra contra el narcotráfico del presidente Calderón muestra, sin embargo, que el apoyo federal no fluye a partir de necesidades locales sino de criterios partidistas.
Cuando un alcalde en un estado gobernado por el partido del presidente – el demócrata cristiano, PAN – pedía auxilio ante epidemias de violencia criminal y ataques contra funcionarios locales, la federación enviaba apoyos y se diseñaban operativos efectivos entre los tres niveles de gobierno. El operativo que rescató a la ciudad de Tijuana (PAN) en Baja California (PAN) es emblemático de la cooperación entre correligionarios.
