Morelia, Michoacán a 28 de agosto de 2015.– Presidentes de tribunales de justicia del país coincidieron en que es necesario dar mayor fortaleza financiera a los poderes judiciales a fin de desarrollar adecuadamente proyectos significativos para la ciudadanía, como el Nuevo sistema de justicia penal.
Lo anterior, en el marco de la Tercera Asamblea Ordinaria Plenaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), en la que participa Juan Antonio Magaña de la Mora como presidente del Poder Judicial de Michoacán y vicepresidente de la Zona Centro de la CONATRIB.
En este sentido, Edgar Elías Azar, presidente de la CONATRIB, reconoció que el recurso financiero es un factor importante para la implementación de esta nueva forma de impartir justicia, sin embargo la voluntad política en las entidades es igual de trascendente para lograr dicho objetivo.
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En esta ocasión se contó con la participación de María de los Ángeles Fromow Rangel, titular de la Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, quien reiteró a los presidentes la necesidad de redoblar esfuerzos para concretar la entrada en vigor del sistema en todo el país; por ello, planteó la posibilidad de que recursos como los del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) de 2016, se destinen a este rubro.
Asimismo, Fromow Rangel presentó un estudio con resultados de avances en la implementación de la Reforma penal por entidad federativa; en el caso de Michoacán, con tres de las seis regiones en operación, se registran avances de 8.0 en Tecnología, 7.4 en Capacitación y 7.3 en Reorganización Institucional.
Durante la Asamblea, presidentes de tribunales comentaron que en los estados en los que el titular del órgano implementador no es el presidente del Poder Judicial, se dificulta el seguimiento a la puesta en marcha del nuevo sistema y el conocimiento de los recursos disponibles para ese fin.
De esta forma, el Poder Judicial de Michoacán trabaja coordinadamente junto a sus pares en la conformación de una agenda nacional en materia de impartición y administración de justicia.
