
El Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR) de EE. UU. ha informado a los legisladores que, “por primera vez en sus 14 años de historia”, no puede proporcionar al Congreso y a los contribuyentes una “contabilidad completa” del gasto público en el país.
Se habla de más de $1.100 millones desde que los talibanes tomaron el poder, porque las agencias federales no cooperan.
En su informe trimestral más reciente al Congreso, el 57 desde su establecimiento, el organismo de control dijo que tanto USAID como el Departamento del Tesoro “se negaron a cooperar con SIGAR en cualquier capacidad, mientras que el Departamento de Estado fue selectivo en la información que proporcionó”.
La legislación que creó SIGAR, la Ley de Autorización de la Defensa Nacional para el año fiscal 2008, enumera claramente los fondos del FSE entre los que deben examinarse e informarse en los informes trimestrales.
La legislación también otorga a SIGAR “jurisdicción para auditar, investigar e informar sobre proyectos y programas”.