La noche del primer viernes de abril, la enfermera mexicana Sandra Alemán dejó a su hija bajo el cuidado de una amiga y pasó a comprar un café antes de iniciar su turno en un hospital público de la ciudad San Luis Potosí, a unos 400 kilómetros al norte de Ciudad de México.
Con el café caliente en una mano y la llave de su carro en la otra, la enfermera salió de la tienda pero fue interceptada por un grupo de niños que, según relató, le rociaron jugo y refresco sobre su uniforme blanco, la insultaron y le gritaron al unísono: “¡Es Covid! ¡No te nos acerques!”
“Le dije a los niños que no me faltaran el respeto, salió su madre y, ofendida por lo que le dije a sus hermosos hijos, me dio un golpe en el rostro”, relató Alemán, quien confesó que, hasta ese momento, no había atendido a pacientes con COVID-19, la enfermedad generada por el coronavirus.
“Terminamos en el pavimento. Tratando de defenderme por portar orgullosamente el uniforme blanco, me fracturé dos dedos de la mano derecha. Ya no puedo realizar mi trabajo”, agregó.
Alemán es una de las docenas de enfermeras y personal de salud víctimas de agresiones y segregación en Latinoamérica por temor a ser contagiados de coronavirus, un brote que ha dejado más de 72,000 infectados y 3,241 muertos en la región.
A pesar de que en Latinoamérica y Europa los pobladores aplauden en las noches al personal médico por trabajar en la primera línea con recursos limitados contra el virus, también hay una creciente tendencia de agresión contra ellos en pequeños sectores de Argentina, Colombia, Chile, México y Panamá.
Las autoridades mexicanas se han pronunciado buscando poner un fin a las agresiones, pero los casos no cesan.
“No se podría lograr nada sin los trabajadores de la salud. (Hago) un llamado respetuoso a toda la población a cuidar al personal de salud, respetarlo, quererlo. Si no hemos necesitado un servicio médico, lo vamos a necesitar”, dijo el lunes el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
NO SÓLO EN MÉXICO
En Bogotá, donde está casi la mitad de los 2,979 infectados de todo Colombia, el anestesiólogo Santiago Osorio fue obligado por la administración del conjunto residencial donde vive a no hacer uso de las áreas comunes “para evitar que contagie a alguno de los vecinos”, según confesó.
“Me prohibieron el uso del ascensor, me toca subir los seis pisos por escalera para llegar a mi casa, y además no puedo hacer uso de las zonas comunes”, se lamentó el hombre de 36 años quien trabaja en un hospital capitalino.
Los gremios médicos en Latinoamérica han llamado la atención sobre estos actos y aseguran que sin las enfermeras y enfermeros -que representan el 80% del personal médico en hospitales públicos de la región- no será posible atender la epidemia, que ya ha dejado casi 2 millones de infectados en todo el mundo.
En Buenos Aires, la ciudad argentina más golpeada por el coronavirus, María José Colina, médica y vocera de la Red Integral de Médicos Argentina (Redima) confesó que le preocupa que varios colegas han recibido “notas agresivas, con amenazas y hostigamientos en sus edificios o en la calle”.
Uno de ellos es Leandro Goñi, jefe de Guardia de Obstetricia del Hospital Vélez Sarsfield, en Buenos Aires. Él aseguró que los vecinos de su consultorio le dijeron que tenía que cerrarlo porque los estaba poniendo “en riesgo”.
En una carta, que imprimió y envió a cada uno de sus vecinos, el médico les explicó que estaba tomando todas las medidas precautorias y que, incluso, redujo sus pacientes sólo a las embarazadas que estaban próximas a dar a luz.
“Siguieron entrando mensajes (de WhatsApp) diciendo que a ellos no les importaba, que la carta no les servía para nada, que tenía que cerrarlo formalmente y que, si no lo hacía, ellos me iban a obligar mediante la fuerza de ley”, relató Goñi.
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“ME ROCIARON CLORO”
El estatal Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) en México tiene reportadas 14 quejas relacionadas al coronavirus desde el 19 de marzo, una cada dos días.
De ese total, nueve fueron actos de discriminación, insultos o amenazas y cinco denuncias se interpusieron tras obligar al personal de salud a trabajar en riesgo, sin implementos ni condiciones adecuadas, la mayoría en clínicas privadas.
Sin embargo, enfermeras y representantes de los gremios que las agrupan dijeron a Reuters que hay muchos casos más, pero que no se denuncian por temor a represalias.
“Hay muchas quejas”, se lamentó Edith Mujica, presidenta de la Comisión Interinstitucional de Enfermeras del estado Jalisco, en el occidente del país, donde, dijo, al menos seis enfermeras han denunciado agresiones y discriminación. Esos casos no figuran en las cifras de Conapred.
A fines de marzo, al llegar a su casa en Guadalajara, la capital de Jalisco, una enfermera que no quiso dar su nombre recibió un baldazo de agua con cloro de sus vecinos. “Para que te descontamines”, le habrían dicho, relató Mujica.
“Desgraciadamente, es la falta de información (…) ellos piensan que por el hecho de que nosotras estemos en contacto con pacientes con COVID-19, estamos contaminadas”, aseguró.
Mujica dijo que, para no exponerse, le recomendó a sus casi 18,000 afiliadas vestir de civil en las calles y cambiarse en sus lugares de trabajo para evitar ser víctimas de agresiones.
En México hay poco más de 305,000 enfermeras y enfermeros, algunos de los cuales han salido a las calles en las últimas semanas para protestar por la escasez de cubrebocas, guantes y gel antibacterial para tratar a los pacientes con COVID-19.
Pero la discriminación no se ha ceñido al personal médico. También se ha dado en contra de quienes tienen el virus.
El productor de televisión Rodrigo Fragoso la sufrió en carne propia tras hacer público en sus redes sociales que había contraído el coronavirus a principios de marzo.
“(Como) la Policía no pudo hacer absolutamente nada para entrar a mi departamento porque no había ningún protocolo, ninguna ley que me prohibiera estar aquí (…) comenzaron a venir varios vecinos y me rociaban cloro en la entrada y la puerta de mi departamento”, dijo vía telefónica.
Días después, el conflicto escaló y le prohibieron el ingreso a sus familiares y amigos, quienes le llevaban comida y agua, ya que él no podía salir por recomendación médica.
Tras el episodio, Fragoso interpuso una denuncia contra sus vecinos y la administradora de su edificio, ubicado en una zona de clase media de Ciudad de México. Al enterarse, los vecinos se disculparon pero, como la administradora no lo hizo, el proceso sigue pendiente y, de perder, podría enfrentar hasta la cárcel.
“No hubieran parado si yo no hubiese hecho esta denuncia”, confesó Fragoso. “Fue ignorancia, preocupación y pánico colectivo. De cierta manera, ellos quisieron proteger a sus familias, aunque de manera incorrecta”. Reuters
