Nueve de cada 10 desplazados en el país son por causa de la delincuencia, según el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno presentado ayer por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El reporte precisa que en el país hay 35 mil 433 víctimas de desplazamiento forzado interno (DFI), de la cuales 27 mil 780, que representan 78 por ciento, son de Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.
Indica que 31 mil 798, es decir, 90 por ciento de los DFI, se deben a la delincuencia en sus lugares de origen.
Las entidades que registran el mayor número de desplazados por el crimen organizado son Tamaulipas con 20 mil (que representa 63 por ciento del total); Guerrero, dos mil 44; Sinaloa, 769; Michoacán, 728; Oaxaca, 250, y Veracruz, 961.
La CNDH destaca que el fenómeno se inició a partir de 2007. “Muchas familias, comunidades y grupos de personas se han movilizado a causa de la violencia generada por el crimen organizado”, por lo que es urgente que se cree una ley sobre el desplazamiento forzado, apunta.
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Explicó que la cifra de 35 mil 433 personas víctimas del DFI fue referenciada por autoridades estatales y municipales, así como por víctimas de desplazamientos y otras personas que las conocieron.
Sin embargo, organismos protectores de derechos humanos informaron de la existencia de seis mil 685 víctimas más y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas reportó haber dado atención a cinco mil 364 familias (que equivalen a 16 mil 92 personas) desplazadas de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit y Oaxaca.
El presidente de la CNDH subrayó que la atención a este fenómeno exige la labor coordinada de los gobiernos federal, estatal y municipal, ya que lo hecho hasta ahora son acciones aisladas, centradas en apoyos asistenciales temporales, sin planeación integral ni diagnósticos serios y confiables.
Pidió a las autoridades crear un registro nacional con base en estándares internacionales, así como considerar medidas de asistencia legal y jurídica a la población desplazada para garantizar la investigación de los hechos, la restitución de los derechos vulnerados y la defensa de los bienes afectados.
