El Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) que se aplicará en todo el país a partir del próximo año reducirá el hacinamiento en las cárceles, ya que los “presuntos culpables” de delitos como homicidio culposo, robo simple o allanamiento de morada podrán seguir sus procesos legales en libertad y no en prisión preventiva, figura de la que se ha abusado en México, aseguran los expertos en el tema.
Sin embargo, el debate que viene de la mano del cambio es la posibilidad de que los 109 mil presos que se encuentran en prisión preventiva puedan acogerse al nuevo sistema penal con la finalidad de afrontar sus juicios en libertad o reiniciar sus procesos para favorecerlos.
En principio, José Luis Gutiérrez Román, director de Asilegal, y Ana Aguilar, directora de proyectos del Instituto de Justicia Procesal Penal, descartan esta especie de “retroactividad”, pero, la maestra Aguilar indica: “Hay que abrir un debate nacional sobre qué hacer con todas las personas juzgadas con el sistema anterior, porque de otra forma seguirán los problemas de hacinamiento y sobrepoblación que acarrea la prisión preventiva”. Agrega que debe existir una política nacional de desactivación del viejo sistema para ir transitando lo más pronto posible al nuevo.
“En principio no es posible, ni legal, ni constitucional aplicar el nuevo proceso a los casos anteriores a su vigencia. Sería muy difícil porque incluso de acuerdo con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se interpreta así”, comenta. La salida, plantea Aguilar, “sería más bien una cuestión que tendría que reformar el Congreso, o bien modificar los códigos locales para integrar formas alternativas de justicia, por ejemplo”.
Gutiérrez Román es más contundente respecto a esta posible retroactividad: “No puede ser, porque fueron juzgados en el viejo sistema. Además, se les dictó un auto de formal prisión, en el cual se establece que deben estar en prisión preventiva. No hay nada que modifique su situación”, advierte.
A la espera de situación jurídica
De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto de Justicia Procesal Penal, en México 42% de la población carcelaria no ha sido juzgada (está en prisión preventiva), lo que quiere decir que todos estos presos podrían ser inocentes o su culpabilidad quizá nunca sea demostrada.
Esto coincide con datos de la Secretaría de Gobernación que, a través de la Comisión Nacional de Seguridad, señala que actualmente existen 257 mil 291 presos, de los cuales 148 mil 205 tienen sentencia por algún delito. Sin embargo, 109 mil 86 están procesados a la espera de la resolución de su situación jurídica; es decir, que debido a la presunción de inocencia son legalmente inocentes.
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Esta situación se ha generado por factores como “el abuso de la prisión preventiva, endebles elementos de la prueba, falta de acceso a representación y asesoría jurídica competente e independiente, además de la precaria calidad y cultura de los profesionales del derecho. Todo eso nos lleva a concluir que la justicia penal en México deja mucho que desear”, señala Carmen Espinosa Thompson, vocera estatal del Sistema Penal Acusatorio de Oaxaca.
Se privilegian derechos humanos
El 18 de junio de 2008 se decretó la implementación del NSJP mediante la Reforma Constitucional de Seguridad Pública y Justicia Penal. Se aplicaron cambios a 10 artículos, entre ellos siete sobre materia penal. Para su ejecución se dio un plazo de ocho años, es decir, para junio de 2016 debe aplicarse en todo el país.
La naturaleza del nuevo Sistema Penal Acusatorio es acabar con las malas prácticas del sistema normativo penal, a través de garantizar el debido proceso, el acceso a la justicia, la protección a las víctimas, la presunción de inocencia y la reparación del daño, dice Espinosa.
Marco Lara Klahr, especialista en materia penal y medios, coincide en que uno de los principales cambios implicará pasar del sistema penal inquisitorio, que actualmente se tiene, a uno acusatorio. “En el primero se criminaliza a las personas detenidas, privilegia el castigo sobre la justicia y no prevé mecanismos integrales de atención y resarcimiento a las víctimas”.
Además, señala que en México se “utiliza de manera sistemática la prisión preventiva, al margen de si las personas imputadas constituyen o no un riesgo procesal”.
En cambio, explica, en el modelo acusatorio se privilegian los derechos humanos, a partir de principios de igualdad ante la ley, economía, celeridad, oportunidad y mínima intervención penal. También prevé soluciones alternas y formas anticipadas de terminación del proceso para delitos menores y resarcir el daño a las víctimas lo más pronto posible. Eso implica menos costos para el Estado.
