El presidente estadounidense, Barack Obama, ha ordenado el lunes que se apliquen las sanciones aprobadas recientemente contra altos cargos venezolanos y declaró la «emergencia nacional» por el «riesgo extraordinario» que, según ha explicado, supone la situación de Venezuela para la seguridad de EEUU. También ha reclamado la liberación de todos los presos políticos que están actualmente encarcelados en Venezuela.
Mediante un decreto, Obama aplica y amplía las sanciones a algunos ciudadanos venezolanos incluidas en una ley aprobada el pasado diciembre, según explica en un comunicado el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.
«Determino que la situación en Venezuela, incluida la erosión de garantías de Derechos Humanos por parte del Gobierno de Venezuela, la persecución de oponentes políticos (…) constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EEUU, y declaro una emergencia nacional para tratar esa amenaza», dice Obama en la orden.
El presidente estadounidense cita además como factores que en su opinión justifican su decisión «la restricción de la libertad de expresión, el uso de la violencia, las violaciones de Derechos Humanos y los abusos en respuesta a protestas antigubernamentales; el arresto arbitrario y detención de manifestantes y la creciente presencia de una corrupción pública significativa».
La declaración de una «emergencia nacional» es una herramienta con la que cuenta el presidente de EEUU para aplicar sanciones contra un país en determinadas circunstancias y que le permite ir más allá de lo aprobado por el Congreso.
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Entre los sancionados se encuentran Gustavo Enrique González López, director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), así como el exdirector de Operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Antonio José Benavides Torres.
La lista la completan Justo José Noguera Pietri, excomandante General de la GNB; Katherine Nayarith Haringhton, fiscal nacional de la Oficina del Ministerio Público; Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, director de la Policía Nacional; Manuel Gregorio Bernal Martínez, exdirector General del SEBIN, y Miguel Alcides Vivas Landino, Inspector General de las Fuerzas Armadas Bolivarianas (FANB).
La orden ejecutiva firmada también autoriza al Departamento del Tesoro a imponermás sanciones a aquellos de los que se determine que han promovido acciones o planes «que socaven procesos o instituciones democráticas» o que as juicio de EEUU cometan o hayan cometido violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela, según la Casa Blanca.
«El único modo de resolver los problemas de Venezuela es mediante un verdadero diálogo, no deteniendo a los oponentes», defiende Washington.
