El Tribunal Supremo de E.U. rechazó hoy flexibilizar una ley de San Francisco, California que obliga a los propietarios de armas de fuego a almacenarlas en una caja fuerte o ponerles el seguro mientras las pistolas permanecen en el interior de sus domicilios.
Con su decisión, la máxima instancia judicial del país mantuvo intacta la legislación de la ciudad de San Francisco, promulgada en 2007, y respaldó la idea de que los requisitos para la posesión de armas dentro del hogar sirven para reforzar la seguridad sin vulnerar la Constitución.
En este sentido, el alto tribunal rechazó que la ley viole la Segunda Enmienda de la Constitución, que autoriza a cualquier ciudadano a poseer y portar armas, como afirmaba la Asociación Nacional del Rifle (NRA), el mayor grupo de presión para la posesión de armas y personado en el caso.
Dos de los nueve magistrados, Clarence Thomas y Antonin Scalia, de perfiles conservadores, expresaron en una declaración aparte su deseo de haber dictado a favor de que los residentes de San Francisco porten armas de fuego dentro de casa sin el seguro.
«La autodefensa es un derecho básico», afirmó Thomas, que pone de ejemplo a una mujer, defensora de las armas, de 79 años, que vive sola en San Francisco.
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La mujer, personada en el caso, argumentó ante el Supremo que, si un intruso entra en su hogar por la noche, ella necesitaría «encender la luz, busca sus gafas, encontrar la llave de la caja fuerte, insertar la llave en el cerrojo, abrir la caja fuerte y después hacerse con su arma para poder defenderse».
A juicio de esta mujer y de la Asociación Nacional del Rifle, este proceso, que se desarrollaría «bajo el estrés de la emergencia», es demasiado largo y coarta su derecho a defenderse.
La decisión en contra de los defensores de las armas de fuego había captado una notable atención en Estados Unidos debido a que ningún caso sobre este asunto había llegado al Supremo desde hacía cinco años.
El último fue el caso conocido como «McDonald versus Chicago» de 2010, en el que el Supremo dictaminó que la Segunda Enmienda protegía el derecho de los individuos a portar armas en los estados en base a un fallo anterior de 2008, en el que el alto tribunal dictaminó lo mismo para el Distrito de Columbia, donde se halla la capital federal y que no tiene categoría de estado.
