Abogados que representan a madres inmigrantes retenidas en un centro de detención del sur de Texas dijeron que se ha negado asesoría legal a las mujeres y se les ha obligado a usar monitores electrónicos en los tobillos como condición para liberarlas, aun cuando jueces han dejado claro que pagar sus fianzas sería suficiente.
En una carta enviada el lunes a Sarah Saldaña, directora del Servicio de Inmigración y Control Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), líderes de un grupo de voluntarios dijeron estar sorprendidos por «la falta de transparencia, y por la desorganización, coerción y confusión» que se ha presentado en liberaciones recientes. Entre las irregularidades que señalan están los citatorios para comparecer en tribunales elaborados en papeles adhesivos amarillos, la carencia de consejeros legales o jueces en las cortes, y que se diga a mujeres que sus declaraciones previas ante jueces de inmigración «no tienen valor».
La vocera del ICE, Gillian Christensen, dijo a en un correo electrónico el lunes que la agencia respondería más tarde.
Entre 70 y 100 mujeres fueron llamadas a comparecer en el centro de detenciones de Dilley la semana pasada, y funcionarios del ICE les dijeron que podrían ser dejadas en libertad sin pagar fianza si aceptaban llevar los dispositivos electrónicos en el tobillo, de acuerdo con la moción presentada por R. Andrew Free, un abogado de Nashville que trabaja con el grupo CARA.
Al parecer el ICE quiere que la mayoría de las mujeres lleven el dispositivo, el cual permite conocer la ubicación de quien lo usa, dijo Free en entrevista. Las medidas de la agencia «están engañado a las personas respecto a sus derechos», dijo.
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Laura Lichter, abogada de inmigración que trabaja en Denver, dijo que en sus 20 años de experiencia nunca había visto que el ICE pusiera dispositivos electrónicos o impusiera otras condiciones una vez que un juez de inmigración fija una fianza. Dijo que los brazaletes son engorrosos, llaman la atención y requieren que su batería se cargue constantemente, y son un intento tácito de disuasión.
Free dijo que una de sus clientes estaba entre los que fueron llamados al tribunal para firmar el acuerdo, aunque recientemente un juez había reducido su fianza de siete mil a mil 500 dólares, que pensaba pagar. Un funcionario de inmigración dijo que aun cuando su fianza estuviera pagada, se le colocaría un dispositivo para conocer su ubicación. La mujer pidió hablar con su abogado pero se le negó. Dos casos similares fueron señalados en declaraciones ante el tribunal y Free aseguró que ha sabido de al menos una decena de casos similares.
Free dijo que no se opone a que las mujeres elijan entre llevar el dispositivo o paguen una fianza, pero que prefiere que el proceso esté exento de «coerción y presión». Obligar al uso de los monitores es un abuso de autoridad, añadió.
Tras al arribo de miles de madres acompañadas de sus hijos, la mayoría procedentes de Centroamérica, al Valle del Río Grande a mediados del año pasado, el gobierno abrió dos magnos centros de detención, uno con 500 camas en Karnes City y la enorme instalación de dos mil 400 camas en Dilley, ambos al sur de San Antonio.
