Los asesinatos de mujeres activistas de derechos humanos en Colombia aumentaron cerca de un 50% en 2019 frente al año previo, denunció el miércoles una agencia de Naciones Unidas, que pidió al Gobierno continuar con los esfuerzos de protección.
La violencia contra los defensores de derechos humanos y líderes sociales se ha convertido en uno de los principales problemas para el Gobierno de Colombia, blanco de frecuentes críticas de la comunidad internacional y de organizaciones no gubernamentales que exigen acciones para frenar las muertes.
De acuerdo con cifras de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el año pasado 108 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en el país sudamericano, mientras que al menos 10 casos más están en proceso de verificación.
En los años anteriores casi todas las víctimas eran hombres, pero en 2019 la cifra de mujeres activistas asesinadas aumentó a 15.
“Nos alarma que en 2019 los asesinatos de defensoras de derechos humanos se incrementaron cerca del 50%” dijo Alberto Brunori, jefe de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, al presentar su informe anual.
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El presidente de Colombia, Iván Duque, dice que las cifras de asesinatos se han reducido desde que asumió el cargo en 2018, al tiempo que acusa de los ataques a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), a las disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz y a bandas criminales conformadas por exparamilitares de derecha.
“Hay una reducción, pero la cifra debería ser cero”, dijo Duque en un encuentro con corresponsales de prensa extranjera, refiriéndose a la violencia contra líderes sociales, mientras que acusó de los crímenes a grupos ilegales armados vinculados con el narcotráfico y la minería ilegal.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos también reportó 36 masacres en 2019, la cifra más alta en los últimos cinco años, atribuidas a grupos ilegales armados como el ELN, al que acusó de reclutar niños y niñas.
También denunció que 15 personas murieron en operaciones del Ejército y la Policía Nacional, en lo que denominó “presuntas privaciones arbitrarias al derecho a la vida” posiblemente causadas por el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza. Reuters
