La ONU pidió este miércoles a las autoridades birmanas que respeten el acuerdo de retorno de los rohinyás, y que autoricen a sus agencias el acceso a las regiones originarias de esta minoría musulmana de Birmania.
Firmado el 6 de junio, este acuerdo debería servir para que la ONU ayude a Rangún a crear las condiciones adecuadas para un retorno seguro y voluntario a esta región, de donde el año pasado fueron expulsados centenares de miles de rohinyás.
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Dos meses más tarde, sin embargo, «hacen falta progresos sustanciales», señalan la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en un comunicado.
«Debemos acordar un acceso efectivo al estado de Rakáin», de donde fueron expulsados los rohinyás, y «garantizar la libertad de movimiento para todas las comunidades y afrontar los motivos de fondo de la crisis», precisan las agencias.
Éstas recuerdan que el gobierno birmano todavía no ha dado una respuesta a las peticiones de autorización, hechas a mediados de junio, para que el personal de la ONU acceda a las regiones afectadas.
Además, según el comunicado, las autoridades locales dificultan la vida de los rohinyás, que sufren «restricciones para ir a trabajar, a la escuela o al médico».
Contactados por la AFP, los responsables del gobierno birmano no quisieron responder a las críticas de la ONU.
Entre agosto y diciembre de 2017, más de 700.000 rohinyás tuvieron que huir tras una ofensiva del ejército birmano contra esta minoría musulmana en represalia a los ataques de rebeldes rohinyás. La ONU calificó esta ofensiva militar como «una limpieza étnica». AFP
