ELIDA OCHOA ISAIS
La Secretaría de Gobierno admitió la opacidad que existe en la Coordinación del Sistema Penitenciario de Michoacán, en lo cual aseveró que ya se trabaja para transparentar las tareas de cada trabajador y cómo se ejercen los recursos.
Hoy en entrevista, el secretario de Gobierno, Adrián López Solís, fue interrogado sobre la nula información que se proporciona de esta área y la falta de un portal de transparencia web que dé cuenta de cuánto personal labora, los responsables de cada departamento, salarios y distribución del recurso que se maneja, como lo exige la ley en la materia, a lo que respondió:
«Funciona como una unidad programática presupuestal dependiente de la Secretaría de Gobierno, es parte del proceso de ordenamiento que hemos venido desarrollando desde la creación del sistema a la fecha, lamentablemente era un elemento inserto en la Secretaría de Seguridad Pública como una Subsecretaría de Inserción Social y nunca hubo una tarea en ese sentido, de reintegración de los individuos a la sociedad».
Reconoció que ahora que es responsabilidad de la dependencia a su cargo «tenemos que resolver las cuestiones básicas de logística de funcionamiento y a la par, nos corresponde atender los nuevos requerimientos del Sistema de Justicia Penal».
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«Las carpetas de investigación responden al nuevo modelo, se requiere mayor apoyo técnico científico y para ello, capacitación de Ministerios Públicos, policías y municipios, no es un tema que se resuelva de un momento a otro».
Recordó que el Congreso «tiene en su poder algunas iniciativas del cambio de Procuraduría a Fiscalía, y el plazo es a junio del 2018», para hacer este cambio en la procuración de justicia, misma que debiera ser más independientes de los poderes actuales.
Respecto a las reuniones que ha tenido con los dirigentes de los partidos políticos, compartió que «tenemos que ser coadyuvantes de cualquier contingencia que se presenten en el momento de seguimiento y vigilancia del proceso. La posibilidad de instalar una mesa de diálogo de cara al proceso electoral, para identificar esos factores de riesgo para la gobernabilidad».
