Tras los atentados terroristas que dejaron un saldo de 130 personas muertas el pasado noviembre en Paris, el gobierno francés estaría analizando la posibilidad de restringir el uso de redes de Wi-Fi, así como bloquear la utilización de redes de anonimato como Tor, ante un estado de emergencia.
Lo anterior fue dado a conocer por el diario francés La Monde, que cita un informe del Departamento de Libertades Públicas y Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior francés al que tuvo acceso, en el que se detallan dos medidas para garantizar la seguridad de aquél país.
De acuerdo con el diario, en el documento se explican dos medidas que de aprobarse, entrarían en vigor a partir del 2016. La primera, estaría centrada en realizar cambios a la legislación actual sobre el estado de emergencia, mientras que la segunda, tendría como propósito modificar la legislación sobre la lucha contra el terrorismo.
Con la primera medida, el Gobierno francés estaría considerando la posibilidad de «prohibir conexiones Wi-Fi gratuitas y compartidas» una vez declarado el estado de emergencia. Lo anterior, a raíz de un dictamen policial que se incluye en el informe, en el que se indica que es difícil rastrear a sospechosos que utilizan redes públicas compartidas con otros.
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Lo que destaca de la medida anterior, es que podría aplicarse incluso cuando no esté declarado el estado de emergencia, sin embargo, el Departamento de Libertades Públicas y Asuntos Jurídicos ha cuestionado la constitucionalidad de dicha norma.
Dentro del paquete de reformas que se estarían analizando a principios de 2016, se incluiría también una propuesta para tener mayor control de aplicaciones de voz sobre IP (VoIP) como Skype o Telegram, donde ambas se mantendrían como aplicaciones legales, sin embargo, los desarrolladores se verían obligados a proporcionar todas las claves de sus usuarios o bien, facilitar la identificación de sus clientes a través de «puertas traseras» en sus plataformas.
Con estas propuestas, Francia se sumaría a la lista de líderes que reclamarían el acceso ilimitado a datos personales y cifrados de sus ciudadanos, lo que en voz de algunos expertos, significaría una violación a los derechos civiles en nombre de la seguridad.
