La nueva Pemex, remodelada en sus apartados de gobierno por dictado de la reforma energética, afronta la semana que viene su primera gran prueba de fuego. El recién estrenado consejo de administración, con menos presencia del Gobierno en sus filas, debe decidir dónde aplicará el considerable tijeretazo que le ha impuesto el propio ejecutivo mexicano. El hachazo de 4.170 millones de dólares, el 11,5% de su presupuesto, servirá para ponderar la pretendida independencia de la nueva gestión y obligará a hacer malabares para no afectar a la ya de por sí maltrecha política de inversión productiva de la compañía. La abrupta caída del precio del petróleo ha desencadenado una reacción en cadena en las cuentas públicas de México que ha encontrado en la petrolera estatal a su víctima propiciatoria.
Petróleos Mexicanos, rebautizada con la reforma como empresa productiva del Estado, conserva la etiqueta pública pero pierde el monopolio sobre las actividades de exploración y extracción. El núcleo duro del negocio petrolero se abre ahora a las empresas privadas, que durante este año se disputaran en concurso los contratos de cesión de cientos de pozos por explotar. La fuerte dependencia fiscal de México con el crudo, que llegó a representar casi la mitad de los ingresos del Estado, provocó durante años un descuido en la inversión en exploración. Más del 90% está destinada a seguir apurando la rentabilidad de los pozos ya vivos y no a buscar nuevos. «En esta parte Pemex se encuentra más rezagada, sobre todo en la parte financiera”, apunta Alma América Porres de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el órgano encargado de regular el nuevo reparto con el que se pretende revitalizar el sistema a golpe de inversión privada.
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Durante la última década el bombeo de barriles ha menguando más de un 30%. En los últimos seis años —salvo 2012— la compañía ha registrado pérdidas. El agujero al tercer trimestre de 2014, últimos datos disponibles, era un 50% más grande que el mismo periodo del año anterior y el acumulado del 2014 alcanza los 10.000 millones de dólares. Los motivos del declive están mezclados en un cóctel explosivo: bajada en las exportaciones— en los últimos cuatro años han caído un 27% en gran medida porque tradicionales destinos exportadores como EE UU se han convertido ahora en competidores—; desplome del precio del petróleo; depreciación del peso mexicano y una fortísima presión fiscal —cercana al 70%—, muy por encima de la brasileña Petrobras o la venezolana PDVSA.
