El periodista italiano Emiliano Fittipaldi, autor del libro «Avaricia» sobre los despilfarros en la Curia Romana, aceptó comparecer ante la justicia vaticana que lo acusa de revelar documentos confidenciales.
«No temo nada. Cumplí sólo con mi deber de periodista. Acepté comparecer porque quería saber cuál es la ley que he violado», aseguró Fittipaldi en una rueda de prensa.
Además de Fittipaldi, otro periodista italiano, Gianluigi Nuzzi, autor de otro libro escándalo sobre la corrupción y el clientelismo en la Santa Sede, fue convocado por el promotor (fiscal) del Vaticano, pero se negó a presentarse aduciendo que «no se le garantiza la impunidad».
«Me negué a responder a las preguntas del promotor de justicia. Me apoyé en el secreto profesional vigente en Italia», explicó Fittipaldi.
«Me acusan de una locura. De un delito contra la patria y que castigan con 4 a 8 años de cárcel», comentó.
Ambos periodistas son acusados de revelar documentos reservados que podrían comprometer la seguridad del pequeño Estado del Vaticano, en virtud del artículo 10 del Código Penal, resumió Fittipladi.
La divulgación de documentos confidenciales es un crimen introducido por el Papa Francisco en julio del 2013.
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El Vaticano por ahora no ha solicitado la extradición de los periodistas, precisó Fittipaldi.
Se trata de la primera vez que dos personas, aún si residen fuera del Estado vaticano, son acusadas de cometer ese delito.
«Quieren sentar un precedente, sobre todo entre sus propios funcionarios, para evitar más fugas de documentos», comentó el periodista.
En su libro, Fittipaldi investiga sobre los fondos para la beneficencia que recibe el Vaticano, denuncia entre otros los elevados costos de los procesos de canonización y demuestra los gastos lujosos hechos por varios cardenales de la Curia Romana.
«No quieren lavar la ropa sucia en público. Yo denuncio el negocio con la salud e investigué sobre las donaciones para la caridad, un tesoro de 400 millones de euros, que terminó invertido en circuitos internacionales», dijo.
«Los católicos tienen el derecho de saber qué se hace con el dinero que donan aún si las normas autorizan darle otros usos», comentó.
