La Procuraduría General de la República (PGR) reforzó la lucha contra la corrupción dentro de sus filas. En ocho meses envió a la cárcel y consignó ante jueces federales a 209 servidores públicos y solicitó otras 112 órdenes de aprehensión por diversos delitos, entre éstos privación ilegal de la libertad y enriquecimiento ilícito.
Entre abril y noviembre de 2015 se ejerció acción penal contra 321 funcionarios, en su mayoría agentes de la Policía Federal Ministerial y del Ministerio Público de la Federación, aunque también contra mandos medios y superiores.
César Alejandro Chávez Flores, visitador general de la PGR, rindió su informe de labores en el que dio a conocer que se detectó la «comisión» de los delitos de extorsión, cohecho, enriquecimiento ilícito, privación ilegal de la libertad, robo, hostigamiento sexual, uso de documentos falsos y contra la administración de justicia, principalmente.
En este periodo se iniciaron otras averiguaciones previas por tortura, acceso ilícito a sistemas y equipos de cómputo, robo calificado y agravado, daño en propiedad ajena, falsificación de documentos en general, abuso de autoridad, lesiones, así como falsedad en declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad. No se detalló si hubo consignación o alguna orden de aprehensión por el caso de tortura.
Chávez Flores indicó que se concluyeron mil 549 expedientes de investigación, los cuales «representan un aumento de más de 130 por ciento».
La Visitaduría General de la PGR impuso sanción de remoción a 115 agentes del Ministerio Público de la Federación y a 27 elementos de la Policía Federal Ministerial por haber cometido irregularidades administrativas graves.
«Con el objetivo de detectar actos y acciones irregulares se emitieron 434 visitas para que la autoridad responsable sancione por la vía administrativa a 343 servidores públicos y a 91 por la vía penal», agregó.
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Además de «aumentar la efectividad y eficiencia en la investigación y persecución de los delitos cometidos por servidores públicos de la institución».
En el informe no se desglosaron datos como el tipo de delito o cargo del servidor público que fue consignado o en contra del cual se solicitó una orden de aprehensión.
Según bases de datos consultadas, los principales delitos perseguidos judicialmente han sido extorsión y cohecho, así como casos de privación ilegal de la libertad con propósito de extorsión (secuestro exprés).
También hay expedientes por enriquecimiento ilícito, uno de los cuales corresponde a un ex director general; contra la administración de la justicia, primordialmente por cateos ilegales o asentar informes falsos, y abuso de autoridad, particularmente por retenciones ilegales y uso excesivo de la fuerza.
De abril a septiembre, la PGR consignó ante jueces federales a 168 servidores públicos, por lo que en un periodo de dos meses ejerció acción penal contra otros 41.
Entre los casos de corrupción más recientes está el de dos agentes de la Policía Federal Ministerial que colocaban retenes carreteros falsos en Tlaxcala, así como el de un agente del MP federal que solicitó 75 mil pesos a la madre de un detenido para dejarlo libre.
