El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, dio hoy su visto bueno a la eventual incorporación de expertos de Estados Unidos en un segundo peritaje del caso de Iguala.
Sin embargo, propuso no dejar de lado a quienes han participado desde el inicio.
«En un problema tan complejo, tan delicado, tan lastimoso, como fue la desaparición de 43 jóvenes y donde hay estas, digamos diferencias, sobre algunos tópicos de la propia investigación, yo creo que es importante que se invite a los mejores expertos, donde estén, y que sobre todo se incluyan a los que ya han expresado sus opiniones», dijo en entrevista.
El Ombudsman fue consultado sobre la petición de la Procuraduría General de la República (PGR) a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), para que participe en nuevo peritaje en el basurero de Cocula que busca aclarar si fue posible la incineración de los normalistas de Ayotzinapa.
«Entonces, creo que es importante que se analice todo el trabajo realizado, que se incorporen los expertos de las disciplinas que tengan que opinar, pero sin dejar de invitar a quienes ya han expresado su opinión con sus dictámenes, entre ellos el señor (perito forense José Luis) Torero», reiteró.
Esto último, en alusión al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que consideró que los estudiantes no fueron incinerados en el sitio.
El titular de la CNDH señaló que en los temas técnicos científicos, la ciencia tiene que hablar.
Cuestionado respecto a si la intervención de instancias estadounidenses podría ayudar o complicar el asunto, evitó una respuesta directa.
«Yo creo que mientras la ciencia hable, yo no lo vería en la función de fronteras, yo lo vería en la función de tener las mejores (…), métodos científicos para esclarecer un tema tan complejo».
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Tras la clausura de la 12 Conferencia Internacional de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de Derechos Humanos (CIC), que se celebró durante tres días en la capital yucateca, resumió, como lo más importante del encuentro, que las instituciones nacionales de derechos humanos en el mundo se comprometieron a impulsar al interior de sus naciones la Agenda 2030.
Se refirió así a la parte sustancial de la Declaración de Mérida y del Programa de Acción del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Sostenible, que pone énfasis en los grupos vulnerables.
«Imagínense ustedes que los temas fundamentales es: erradicar la pobreza, combatir el hambre, una educación de calidad, trabajo decente; que haya una mejor protección de la salud, que se tome en cuenta la naturaleza a través de ver el medio ambiente que nos lastima a todos, que se vea la vida submarina; que por otro lado, se busque precisamente una de las conclusiones es que en esto no puede estar ajeno nadie de la sociedad», explicó.
González Pérez consideró que la sociedad y las organizaciones tienen que estar presentes en esta responsabilidad.
«Yo creo que los ombudsman, a unos cuantos días de que se aprobó a finales de septiembre por la ONU esta agenda 2030, ya nos pusimos las pilas y estamos haciendo, honrando el eslogan de que nadie se quede rezagado y los ombudsman estamos poniendo el ejemplo», aseguró.
Antes, en su discurso, abogó por lograr que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible trascienda el ámbito puramente declarativo y se vuelva una realidad, que sirva como eje para restablecer la armonía y el equilibrio con nuestro entorno al unir las dimensiones ambiental, social y económica.
«Estamos iniciando un proyecto que por sus alcances y trascendencia resulta inédito en el ámbito de los derechos humanos, trascendiendo el ámbito meramente discursivo, declarativo, para lograr que los derechos humanos de las personas se vuelvan una realidad cotidiana, que adquiriendo un reflejo en el día a día de las personas logren la dignidad plena», indicó.
En el cierre intervinieron, además, Vladlen Stefanov, jefe de la Sección de Instituciones Nacionales y Mecanismos Regionales de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Ana Patricia Graca, asesora de Política de Estado de Derecho, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, representante del PNUD, y Mabedle Lourence Mushwana, presidente del Comité de la CIC.
