CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) – El presidente de México, Enrique Peña Nieto, instó el miércoles al Congreso a aprobar una ley que busca regular el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas en el combate a grupos criminales, pese a las críticas de organismos como Naciones Unidas que abogan por el regreso del Ejército a los cuarteles.
A fines del 2006, a petición del Gobernador de Michoacán de entonces, Lázaro Cárdenas Batel, el expresidente Felipe Calderón comenzó a enviar militares, no sólo a esa entidad, sino a todos los puntos más violentos del país para combatir a los violentos cárteles de la droga ante la debilidad de los cuerpos policíacos, pero muchos grupos lejos de contenerse se fragmentaron e incursionaron en otros delitos.
El Congreso se apresta a discutir la próxima semana la Ley de Seguridad Interior, que definirá las tareas de decenas de miles de soldados, militares y marinos que han sido desplegados en la llamada lucha contra el narco, que ha dejado cerca de 200,000 muertos.
Se requiere de un marco jurídico que «defina los medios y los alcances del respaldo subsidiario que hoy brindan las Fuerzas Armadas en diversos estados y municipios», dijo Peña Nieto durante un acto con militares en el norteño estado Coahuila.
El Ejército mexicano ha dicho que una ley como esta obligaría a las autoridades civiles a retomar sus responsabilidades para encargarse de la seguridad, una tarea para la cual la milicia no fue creada.
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Distintas instancias de Naciones Unidas han dicho que México que debe fijar una fecha para el regreso de las Fuerzas Armadas a los cuarteles, pero analistas de seguridad piensan que los cuerpos policíacos aún no están lo suficientemente limpios como para retomar el combate al narco.
Organizaciones mexicanas consideran que mantener a las Fuerzas Armadas en las calles solamente perpetuaría la violencia y las violaciones a derechos humanos cometidos por militares, quienes en algunos casos han sido acusados de ejecuciones arbitrarias y uso excesivo de fuerza.
«Esta ley profundizará y perpetuará la militarización del país porque el presidente podrá disponer de las fuerzas federales, incluyendo al Ejército y la Marina, para actuar en conjunto en cualquier parte del país donde considere existe una amenaza», dijo Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
México reportó en octubre el mes con más homicidios desde que el Gobierno lleva registro de este tipo de delitos hace casi dos décadas, lo que pone al 2017 camino a convertirse en el año más sangriento desde que el Gobierno tiene registros en enero de 1997.
