Un juez federal emitió por primera vez en el país una sentencia por desaparición forzada contra un militar.
El Consejo de la Judicatura Federal informó este martes en un comunicado que el juez condenó a 31 años y tres meses a un subteniente de infantería del ejército por la desaparición forzada de una persona, quien sigue sin aparecer.
Los hechos ocurrieron en el estado de Nuevo León el 20 de mayo de 2012.
Una autoridad judicial federal, no autorizada a ser identificada por políticas internas, dijo a The Associated Press que esta es la primera vez que un militar es condenado por ese delito.
La Judicatura no identificó al militar y sólo añadió que además de la pena de prisión, el juez también ordenó la destitución de su cargo y quedó inhabilitado para ejercer un cargo público por 15 años.
En el más reciente reporte del país a un comité de las Naciones Unidas, el gobierno señaló que sólo tiene el registro
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Raúl Benítez, experto en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que no había escuchado ningún otro caso de sentencia por desaparición forzada y consideró que podría marcar un cambio después de años de que organizaciones civiles han sostenido que a los miembros de las fuerzas armadas «se les trata con mucha ligereza».
Para Benítez «es importante que empiecen a reconocerse estos casos porque implica un antecedente de que empieza a haber juicios a militares enérgicos, que no hay tolerancia».
Las críticas más recientes al ejército incluyen la participación de algunos de sus soldados en una operación el 30 de junio de 2014 en la localidad de Tlatlaya, en el Estado de México, cuando 22 presuntos delincuentes murieron.
Las autoridades dijeron que inicialmente había sido un enfrentamiento, pero investigaciones posteriores concluyeron que al menos una docena de ellos fueron ejecutados después de que se rindieron.
La Judicatura señaló que el juez consideró en el fallo que el delito del subteniente también perjudica al ejército, «el cual desempeña una importante labor de protección y salvaguarda de la seguridad nacional y de las personas».
