Los siete militares implicados en la muerte de 22 civiles durante un operativo en Tlatlaya, Estado de México, tienen una suspensión definitiva del juzgado décimosegundo de distrito en materia administrativa para que no se divulgue información de su proceso por ningún medio, ni por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.
El 25 de septiembre de 2014, casi tres meses después de los hechos, los implicados fueron internados en la zona conocida como Las Negras de la prisión del Campo Militar 1-A, en el Distrito Federal.
Se trata de un módulo con vigilancia especial y restricciones, en el que permanecieron aislados del resto de la población durante algunos días, a la que finalmente se integraron, dijeron personas allegadas a los acusados.
Vestidos con el uniforme azul que obliga a portar el reglamento, se han mostrado reservados para hablar con sus compañeros sobre lo que ocurrió en una bodega de la comunidad San Pedro Limón, la madrugada del 30 de junio de 2014.
Durante su permanencia en la Prisión Militar de la I Región han sido trasladados en tres ocasiones ante jueces federales para el desahogo de diligencias en su proceso en el ámbito civil.
El 2 de noviembre de 2014 se les llevó ante el juez primero de procesos penales federales en el DF; el 10 de diciembre de 2014 ante el juez unitario de juicio oral de distrito judicial de Toluca, Estado de México con residencia en Alomoloya de Juárez, y el 13 de enero de 2015 fueron requeridos por el juez décimoctavo de distrito de procesos penales federales en el Distrito Federal.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó el 21 de octubre de 2014 que 15 de los 22 civiles que se encontraban en una bodega fueron ejecutados por efectivos del Ejército.
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Sin embargo, hace unos días un juez federal ordenó la libertad de cuatro de los siete militares encarcelados.
Según versiones de personas allegadas a la defensa, los tres soldados y un teniente decidieron permanecer en prisión en solidaridad con sus compañeros, aun cuando los cargos que enfrentan en el fuero castrense no son graves.
La liberación derivó porque la PGR nunca notificó a los soldados quién los acusa y tampoco les permitió reunirse con sus abogados
Ante esas irregularidades, los militares impugnaron ante el sexto tribunal unitario del Estado de México el auto de formal prisión dictado en su contra.
Rubén Noguera Gregoire, juez 14 de distrito de procesos penales en la Ciudad de México, dictó el nuevo fallo, vía exhorto, y ordenó la libertad de Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Samuel Torres López y del teniente Ezequiel Rodríguez Martínez.
Solo dictó auto de formal prisión contra Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, quienes fueron acusados de abuso de autoridad, homicidio calificado en agravio de ocho personas y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo.
