GUADALUPE NEGRETE/SHAMROCK490
Este miércoles en Sesión Ordinaria, el tema del combate a la corrupción a la impunidad fue de los que más se discutió en el pleno de la Septuagésima Tercera Legislatura, pues se turnó a las comisiones correspondientes, la reforma a los artículos 27, 106, 107 y 108 para eliminar el fuero en los servidores públicos y gobernantes.
Esta iniciativa fue presentada por el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Quintana Martínez, quien a nombre de toda la Fracción Parlamentaria del albiazul, comentó que se pondrá a discusión aquella prerrogativa la cual exime a los legisladores y funcionarios de ser juzgados por la comisión un ilícito en materia penal.
Por su parte el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Daniel Moncada Sánchez, propuso adelantar la implementación del Sistema Estatal Anti-corrupción en Michoacán, toda vez que las instituciones internacionales de medición de la corrupción, señalan que México se encuentra en el lugar 106 de 127 en cuanto a los países más corruptos.
En su participación detalló que en un estudio de la Universidad de Puebla, Michoacán es una de las entidades dónde la impunidad es considerada como «atípica».
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En tribuna el legislador michoacano comentó que en la entidad «la pobreza, migración y violencia nos lastiman, pero la herida más profunda es la corrupción e impunidad».
Ante esta situación, destacó que la entidad permanece en los últimos lugares en el tema de la armonización contable, por lo que en su exposición de motivos, sustenta la figura jurídica de la recompensa para aquellos ciudadanos que denuncien en tiempo y forma posibles delitos relacionados con fraude al erario y robo agravado, entre otros.
«Resulta trascendente entender que en Michoacán y sus ciudadanos, no podemos seguir con la incertidumbre que hoy gobierna, así mismo, no se podrá revertir la desconfianza que existe en tanto no se acrediten o deslinden responsabilidades amparados por el poder político y de gobierno», expuso.
Ambos legisladores coincidieron en que en esta iniciativa se establecen las políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, donde las bases y políticas son para la promoción, fomento y difusión de la cultura de la legalidad en el servicio público, el combate a la corrupción así como la rendición de cuentas.
En entrevista con medios de comunicación, expresaron que con la posible aprobación de esta iniciativa, se pretende sentar las bases de una nueva forma de administración pública con rectitud, dignidad para «devolverle a las instituciones la confianza de los ciudadanos el índice de las denuncias por actos de corrupción pero sobre todo lograr que índice, dé castigos a los delitos y se llegue al cien por ciento».
