Chile vivía este viernes una violenta jornada de protestas contra el sistema privado de pensiones instaurado por la dictadura de Augusto Pinochet, que después de tres décadas de cotizaciones sitúa la jubilación media por debajo del salario mínimo.
La protesta, que arrancó temprano con la instalación y quema de una veintena de barricadas y el incendio de dos buses del transporte municipal, coincide con una huelga de empleados públicos para exigir un aumento de salarios al gobierno de Michelle Bachelet.
En al menos 27 puntos de la capital, manifestantes encendieron neumáticos y otros objetos, logrando paralizar la circulación de vehículos en varias zonas en la hora punta de la mañana.
Dos buses del transporte público que circulaban con pasajeros también resultaron completamente quemados tras ser atacados con bombas incendiarias, sin provocar heridos.
«No corresponde que, por muy legítimas que sean las reivindicaciones, se afecte a la mayoría de los ciudadanos», reprochó el subsecretario del Interior y Seguridad, Mahmud Aleuy.
Al mediodía, miles de personas se reunían en la plaza de Armas de Santiago, lugar central del llamado de protesta nacional convocada por el movimiento NO+AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones).
«No tengo idea cuál es la solución pero no más AFPs. Tengo 70 años y trabajé más de 40 años de empleado público y la jubilación que tengo es de 300.000 pesos (unos 460 dólares)», dijo Juan Ugarte, que llegó a la plaza de Armas cargando una pancarta que rezaba «No+AFP».
«Es una vergüenza todo, los descuentos que nos hacen y lo penoso de las jubilaciones, son muy bajas. Hay que cambiar a otra cosa, no sé cómo pero hay que hacerlo», afirmó de su lado la auxiliar de servicio en organismo público Adriana Silva.
El movimiento NO+AFP arrancó este año para exigir el fin del sistema privado de pensiones instaurado a inicios de la década de los 80 por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
El sistema fue pionero en instaurar la capitalización individual del trabajador, que lo alimenta con el 10% de su salario, sin contemplar aporte ninguno por parte de la empresa.
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Pero después de más de tres décadas de funcionamiento, el sistema incumplió su promesa de entregar como pensión el 70% del último salario del trabajador. Hoy, la media de las pensiones en Chile está por debajo del salario mínimo (unos 398 dólares).
Esta situación ha motivado a miles de chilenos a salir a las calles las últimos meses. El 21 de agosto, decenas de miles de personas protagonizaron una gigantesca marcha en contra del sistema en el centro de Santiago.
Tras esa multitudinaria manifestación, Bachelet comprometió un gran acuerdo nacional para mejorar las pensiones, que aún no ve la luz.
«Las marchas pacíficas por mejores pensiones hacen más clara la voz ciudadana. La violencia no es el camino para un gran acuerdo nacional», afirmó la presidenta este viernes en su cuenta de Twitter.
«Un acuerdo nacional para las pensiones requiere aunar muchas voluntades para que sea sustentable. Eso toma tiempo y diálogo», agregó la mandataria tras ser increpada en la misma red social por el vocero del movimiento, Luis Mesina.
Las AFPs, que administran unos 170.000 millones de dólares aportados por los trabajadores, afirman «compartir el anhelo de mejorar el sistema de pensiones», según dijo el presidente de la asociación que las agrupa, Rodrigo Pérez, en un reciente encuentro con corresponsales extranjeros.
Entre los puntos en que se muestran de acuerdo en corregir están el alza de la cotización de 5 puntos propuesta por el gobierno, junto con retrasar los años de jubilación, en particular para las mujeres que actualmente se jubilan a los 60 años.
Pero la manzana de la discordia radica en quién aportará ese 5% adicional y si alimentará el fondo de pensión individual o irá a parar a un fondo estatal para complementar las pensiones más bajas como sugiere el gobierno.
«Sólo por el efecto de la mayor longevidad (de la población chilena), para que una pensión sea igual a la que se pensaba en 1981 la tasa de cotización debería ser del 14%», explica Pérez.
La asociación gremial rechaza, no obstante, volver a sistema de reparto. «Es una muy mala idea», dice Pérez. AFP
