Las protestas masivas en Rumania, las más importantes desde la caída del comunismo, provocaron que el gobierno anunciara este sábado la derogación de un decreto que despenalizaba ciertos delitos de corrupción.
El primer ministro socialdemócrata, Sorin Grindeanu, anunció en una precipitada rueda de prensa que el gobierno se reuniría el domingo para retirar el polémico decreto.
Grindeanu declaró que lo iba a hacer porque no deseaba «dividir a Rumanía».
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El anuncio despertó júbilo entre unas 120.000 personas que protestaban por quinta noche consecutiva ante la sede del gobierno.
El decreto había sido aprobado el martes de noche, sin pasar por el Parlamento, y desde entonces una media de 200.000 personas habían salido cada día a las calles del país.
Entre otras cosas, el decreto establecía un mínimo de 44.000 euros de infracción para poder empezar a perseguir los delitos financieros.
Además el gobierno tenía entre manos un proyecto de ley para sacar de prisión a políticos ya condenados por corrupción.
La explicación oficial era que el decreto iba a alinear el código penal con la Constitución, y además iba a reducir la población carcelaria.
Los críticos replicaban que en realidad lo que buscaba el gobierno era sacar a miles de funcionarios y políticos encarcelados por grandes redadas en los últimos años.
«Es por el futuro de nuestros hijos. Queremos que se haga justicia» explicaba Georgiana Dragoi, una ama de casa, este sábado.
«El gobierno quiere legalizar el crimen de cuello blanco, que es el más insidioso», aseguraba Sergiu, un empleado de banca de 43 años y manifestante en la plaza Victoriei de la capital.
Esta plaza se había convertido en el epicentro de las protestas, donde los manifestantes hicieron sonar vuvuzelas (largas cornetas) y pitos y entonaron incansablemente el himno nacional, «¡Despiértate rumano!».
Rumania, un país de 20 millones de habitantes, ha vivido varios periodos de inestabilidad política desde la caída de la dictadura comunista, en 1989.
«Ningún gobierno puede resistir manifestaciones así», aseguraba antes de la retirada del decreto el politólogo Cristian Parvulescu, que consideraba que el gobierno «ha perdido su legitimidad».
«Derogar el decreto no resolverá el problema y no permitirá poner fin a la crisis», aseguró.
El texto estaba previsto para entrar en vigor el 10 de febrero.
Bajo presión de la Unión Europea (UE) y de varios magistrados, los tribunales han instruido centenares de casos de corrupción en los últimos años, un giro histórico en la justicia rumana.
Estados Unidos había manifestado su «profunda inquietud» por el decreto, lo mismo que Bruselas.
El PSD, que había sido expulsado en 2015 por grandes manifestaciones contra la corrupción, volvió sin embargo a ganar por mayoría las elecciones el pasado diciembre.
El partido, central en la vida política rumana desde el fin del comunismo, ha sido el blanco de numerosas investigaciones de la fiscalía nacional anticorrupción (DNA), a la que acusa de estar llevando a cabo una caza de brujas.
Las protestas se centraron en las ciudades porque el PSD tiene un gran apoyo electoral en las zonas rurales más pobres. AFP
