La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, reiteró este viernes que todos los implicados en las corruptelas detectadas en la estatal Petrobras «pagarán por eso», aunque aclaró que la responsable no es la empresa, sino algunos de sus funcionarios.
«Quienes cometieron las irregularidades fueron funcionarios de Petrobras y van a tener que pagar por eso», porque «esa es la regla en Brasil», declaró la mandataria a periodistas tras una ceremonia oficial en el Palacio presidencial de Planalto.
Petrobras, la mayor empresa del país y responsable de cerca del 12 % del Producto Interno Bruto (PIB) brasileño, está en el centro de una investigación policial sobre una vasta red de corrupción que, según se sospecha, opera desde la década de 1990 y desvió una suma aún no precisada, pero calculada en miles de millones de dólares. «Si en 1996 o 1997 se hubiera investigado y castigado, ahora no tendríamos esta situación», declaró Rousseff, quien aludió así a la época en que el país era gobernado por Fernando Henrique Cardoso, uno de los líderes del hoy opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
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En el marco de la investigación, la policía ha detenido a varios exdirectores de Petrobras y también a empresarios que, de acuerdo a las autoridades, integraban la red de corrupción. Según la policía, los empresarios prestaban servicios a Petrobras pero inflaban los precios de los contratos y se repartían parte de esa diferencia con directores de la estatal, mientras que el resto del dinero se distribuía entre decenas de políticos que amparaban las corruptelas.
El proceso se desarrolla bajo estricto secreto judicial y se prevé que en las próximas semanas la Fiscalía General solicitará oficialmente la apertura de un juicio, con lo cual denunciará a los políticos implicados en el caso, cuyos nombres aún se desconocen.
Sin embargo, la prensa local afirma que serán imputados «decenas» de políticos y parlamentarios, que en su mayoría serían de la base que apoya a la presidenta Rousseff.