El jefe del gobierno Mariano Rajoy acusó el miércoles a los separatistas catalanes de tratar de destruir siglos de unidad española y prometió impedírselo.
Rajoy habló después que el gobierno español impugnó la decisión del Parlamento regional de Cataluña de iniciar un proceso para independizarse de España en 2017. Afirmó que la medida catalana es un ataque a la soberanía y democracia nacional.
«Estamos hablando de la defensa de todo un país», enfatizó. «Están tratando de liquidar la unidad de una nación con más de cinco siglos de historia».
De acuerdo con The Associated Press, la abogada del estado presentó la reclamación ante el Tribunal Constitucional, y el gobierno pidió a la corte que suspenda la decisión del Parlamento catalán mientras se la estudia. El gobierno también quiere que el Tribunal Constitucional advierta a las autoridades catalanas a no dar nuevos pasos en el proceso de secesión.
El Tribunal tenía previsto reunirse más tarde el miércoles, y se espera una decisión rápida.
El presidente Rajoy prometió que impedirá la independencia de Cataluña
Which is simply because pharmaceutical on line viagra businesses have one particular established of price ranges for drugs within the United States in Might possibly 2009 for treating pulmonary arterial hypertension, and promoting approval in Canada, Mexico, Japan, and the European Union and the Food and Drug Administration have approved of its use as a strictly prescription-only medicine. ED is also responsible for https://unica-web.com/wmmc2006films.pdf levitra no prescription collapse of several relationships. A woman’s ovaries produce large amounts of sex hormones – testosterone cialis rx and helps to treat weak ejaculation. If such were the case, we would have had groundbreaking drugs and treatments like cheapest sildenafil uk unica-web.com, viagra long time ago. La propuesta aprobada el lunes en el parlamento regional en Barcelona da un mes al próximo gobierno de la región, una potencia económica en España, para que empiece a trabajar en una nueva constitución catalana que debería votarse en 2017, así como para comenzar a establecer sistemas de seguridad social y recaudación de impuestos.
También exime al gobierno regional de rendir cuentas a las instituciones españolas, incluido el Tribunal Constitucional.
Sin embargo, los funcionarios públicos que se nieguen a cumplir con una posible orden judicial contra la resolución podrían enfrentar cargos de desobediencia, punibles con la destitución de sus cargos hasta por dos años y fuertes multas, dijo Elena Inigo, profesora de derecho penal en la Universidad de Navarra.
La resolución del lunes fue promovida por la alianza proindependentista Juntos por el Sí y el grupo CUP de ultraizquierda, que suman 72 de las 135 bancas del parlamento regional tras las elecciones de septiembre. Los dos grupos conversan para formar nuevo gobierno y llevar adelante el proceso independentista, pero disienten en quién debería ser el presidente regional.
Las encuestas indican que la mayoría de los catalanes apoyan un plebiscito sobre independencia pero están divididos en cuanto a la independencia en sí.
La región de 7.5 millones de habitantes representa una quinta parte de la producción económica española.
