Ante las elevadas tasas de abuso escolar y embarazos en adolescentes en México, la diputada federal Bárbara Gabriela Romo propuso una iniciativa de reformas a la Ley General de Educación, para garantizar respeto y protección de derechos de la niñez.
Señaló que estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indican que México ocupa el primer lugar internacional en casos de ‘bullying‘, con 18 millones 781 mil 875 alumnos de primaria y secundaria afectados.
Además, según el Informe de Maternidad en la Niñez, del Fondo de Población de Naciones Unidas, México ocupa también el primer lugar entre los integrantes de la OCDE en embarazos de adolescentes y jóvenes de entre 15 y 19 años de edad, con una tasa de 64.2 nacimientos por cada mil.
Por ello, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) propuso la iniciativa de reformas a la Ley General de Educación, la cual ya está en análisis en la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
La integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables señaló que la discriminación, exclusión y constante violación de los derechos de la niñez exigieron acciones decididas.
Refirió que el 4 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ordenamiento que significa un parteaguas en el reconocimiento de este grupo poblacional como sujeto de derechos.
Sin embargo, resaltó, es necesario dar continuidad al proceso legislativo iniciado, así como al compromiso adquirido con las generaciones presentes y futuras.
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«Resulta fundamental realizar las adecuaciones necesarias a efecto de homologar, transversalizar y dotar de congruencia a la legislación implicada, a efecto de que la niñez mexicana logre el pleno reconocimiento, respeto, ejercicio y goce de todos los derechos que le son inherentes», dijo.
Para perfeccionar este marco jurídico, propuso reformar el Artículo 7 de la Ley General de Educación, con el objetivo de reconocer a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, así como garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los mismos.
Planteó además modificar el Artículo 42 para establecer que las autoridades educativas deberán observar los principios rectores establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Esas reformas permitirán asegurar al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad, indicó.
Además, brindar cursos a docentes y personal que labora en los planteles de educación sobre los derechos de los alumnos y la obligación que tienen al estar encargados de su custodia y de protegerlos contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación.
La educación básica debe considerarse como el canal fundamental en la promoción de los valores, que animen una vida colectiva democrática, en la cual el reconocimiento y el respeto a los derechos humanos sean una realidad y no sólo un postulado, puntualizó.
