A pesar de que México ha sostenido que continuará su trabajo con los organismos de derechos humanos, el Gobierno todavía evalúa si recibe en los próximos meses al relator de Naciones Unidas contra la tortura Juan Méndez, con quien el Gobierno federal tuvo fricciones en 2015.
El enfrentamiento ocurrió cuando el diplomático aseguró que la tortura era una práctica generalizada en el país.
En septiembre pasado, Juan Méndez formalizó su petición al Gobierno federal para ser invitado a realizar una visita de seguimiento. Puesto que el próximo 31 de octubre concluye su mandato, tiene la intención de estar en territorio mexicano antes de esa fecha, revelaron autoridades de la ONU.
En enero pasado, el representante permanente ante organismos internacionales, Jorge Lomónaco, no quiso precisar si la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) había recibido la solicitud del relator de Naciones Unidas, pero dio varios argumentos respecto a la imposibilidad de la realización de esta visita.
“Hay una costumbre en algunos de los mecanismos de hacer visitas de seguimiento. Nosotros nos tomamos muy en serio la preparación de las visitas y no se pueden montar sobre la marcha. Tenemos que administrar los tiempos de manera razonable porque hay 78 procedimientos especiales a cargo de relatores que también quieren venir”, mencionó Lomónaco.
“Él está por terminar su mandato, entonces tiene que terminar su calendario de visitas. Hay un tema ahí de la propia calendarización de su tiempo. Son periodos cortos para los relatores ante procesos de una enorme complejidad; es decir, las recomendaciones que pudiera dar un relator implican, en el caso de la tortura, una modificación a la Constitución para la aplicación de una ley general”, dijo.
Caso polémico
El 5 de abril de 2015, el Gobierno de México dio por concluido el diferendo sobre el informe y los dichos del relator sobre la tortura.
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La Cancillería mexicana reiteró sus discrepancias con Juan Méndez, pero aseguró que “México rendirá cuentas ante el Consejo de Derechos Humanos del cumplimiento de sus obligaciones internacionales y de las recomendaciones contenidas en el informe del relator”.
Confirmó su postura en torno a lo dicho sobre el papel desempeñado por el relator Juan Méndez, a quien descalificaron en su trabajo al señalar que fue irresponsable y poco ético por asegurar que en México la tortura es una práctica generalizada.
Aseguraron que México estaba en la disposición de seguir colaborando con los organismos internacionales en materia de derechos humanos “y acredita su política de Estado en materia de apertura al escrutinio internacional en esta materia. De esta forma, la Secretaría de Relaciones Exteriores da por concluido este diferendo”, señaló la institución.
El 9 de marzo, Méndez presentó sus conclusiones ante el Consejo de Derechos Humanos, y desde aquella fecha México rechazó el informe al decir que sólo pudo documentar 14 casos.
El relator visitó el país entre abril y mayo de 2014 y desde esa fecha afirmó que la tortura era generalizada.
México trató de convencer a Méndez para que no mencionara el término de generalizada, pero no lo logró.
El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de ese entonces, Juan Manuel Gómez, consideró que Méndez no fue “profesional ni ético”, que no valoró adecuadamente la información brindada por autoridades mexicanas. En septiembre de 2015 el relator pidió regresar a México y sigue en espera de respuesta.