Luego de tres días de investigación, autoridades estatales localizaron a Óscar Lozano Chávez, dueño de la empresa Prokarne y de los ranchos agrícolas de Ramos Arizpe, Coahuila, de donde fueron rescatados 307 jornaleros, entre ellos 78 menores de edad.
Yezka Garza Ramírez, procuradora de los Niños, Niñas y la Familia, explicó que Lozano Chávez se encuentra en libertad, pero “se están haciendo las diligencias para que sea citado en calidad de presentado y rinda su declaración”.
Además, reveló que hay siete detenidos, entre ellos un socio, cuidadores del rancho y un sujeto identificado como Fidel, quien presuntamente era el principal “enganchador” de los jornaleros.
Garza Ramírez explicó que la dependencia a su cargo, junto con la Secretaría del Trabajo del estado, preparan la denuncia por explotación laboral de menores y lo que resulte.
Además, agregó, la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales de la procuraduría de le entidad abrió una carpeta de investigación, a fin de que “encuadre” con el delito de trata de personas.
Dijo que en su momento se coordinarán con la Procuraduría General de la República, porque en este caso hay delitos del fuero federal.
La funcionaria informó también que varios jornaleros solicitaron el apoyo legal del gobierno del estado para que la empresa les pague sueldos atrasados y los liquide conforme a la ley.
Los trabajadores afirmaron que se les obligó a firmar un contrato por periodos de dos o tres meses, al término de los cuales recibirían el pago correspondiente. Sin embargo, esto es algo que está prohibido por la Ley Federal del Trabajo, puntualizó Garza Ramírez.
Por ello señaló que independientemente del proceso legal por explotación y trata, la empresa Prokarne deberá cumplir con sus obligaciones hacia los jornaleros.
El rescate
El pasado miércoles 19 de agosto, la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia recibió la denuncia de un hombre originario de San Luis Potosí, según la cual su hija de 14 años se encontraba retenida en el rancho Santa Cruz, ubicado en el Ejido Higo del municipio de Ramos Arizpe, donde trabajaba como jornalera para la empresa Prokarne.
Yezka Garza explicó que el denunciante tuvo contacto con personal del rancho, pero le negaron la salida a la menor, por lo que optó por solicitar el apoyo de las autoridades.
Entonces, la procuraduría estatal, en coordinación con y la Secretaría del Trabajo, implementó un operativo de revisión al predio para recuperar a la menor. Sin embargo, encontraron que los jornaleros laboraban en condiciones inhumanas y que existía otro rancho, denominado El Pedregal, donde había más trabajadores en la misma situación.
“El miércoles fueron rescatados 63 adolescentes y 35 adultos, quienes fueron resguardados en diferentes albergues, habilitados especialmente para tender esta situación”, detalló Garza Ramírez.
Sin embargo, las autoridades no aseguraron a todos los menores que presuntamente eran explotados, pues muchos de éstos, al notar que llegaban policías y personal del DIF estatal, escaparon entre los campos.
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De esa manera, autoridades implementaron otro operativo, al que se sumó personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, mediante el cual rescataron a 209 trabajadores, entre ellos 194 adultos y 15 menores.
“De estos 15, 14 son adolescentes entre los 14 y 17 años, y un pequeño de ocho años que no laboraba, que no estaba dentro de la pizca, ni del empaque de las legumbres, pero venía en compañía de sus papás”, comentó Garza Ramírez.
Precisó que los jornaleros son originarios de Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí y Tamaulipas; nada más cinco son de Coahuila.
Las promesas
La procuradora de los niños manifestó que los “enganchadores” anunciaban la oferta laboral a través de spots de radio, en los que invitaban a trabajar en ranchos agrícolas al norte del país.
Prestaban dinero a los interesados, con la condición de que se unieran al trabajo y que se les descontara del pago único que les harían luego de 90 días.
Les prometían un pago de 120 pesos por día, con trabajo tranquilo, comida gratis, un lugar donde dormir y actividades livianas.
Sin embargo, estaban hacinados en bodegas, dormían en el suelo o sobre tarimas acondicionadas con cartón, les daban agua no potable concentrada con sal, que sustraían de un canal.
Los trabajadores no tenían condiciones de higiene adecuadas, es decir, baños para hombres y mujeres ni agua caliente en las regaderas. Se les daba dos raciones de comida al día basada en lentejas, pasta y frijoles; con jornadas de 12 a 14 horas.
Reciben 30 niños su liquidación
Autoridades de Coahuila dieron a conocer que el viernes recibieron su liquidación laboral los primeros 30 menores que trabajaban en los ranchos del Ejido El Higo.
Ante representantes de la Secretaría del Trabajo estatal, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y de un abogado de la empresa Prokarne, los menores firmaron su liquidación y recibieron de entre 11 mil a 18 mil pesos.
“Por instrucción del gobernador Rubén Moreira serán apoyados para retornar a sus lugares de origen hasta donde serán acompañados por autoridades de Coahuila, que los entregarán a representantes de los gobiernos de sus estados y así garantizar su integridad y su patrimonio”, explicó Tanya Castillón, subsecretaria del Trabajo.
Agregó que en los días siguientes continuará este proceso hasta que los más de 70 menores rescatados reciban el pago correspondiente.
El secretario de Gobierno, Víctor Zamora, indicó que pese a que ya está ubicado el dueño de los ranchos, es uno de los hijos de éste el que se está haciendo cargo de los trámites para las indemnizaciones.
