
Las empresas y empleos formales se encuentran en la línea de fuego ante las medidas que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (siguiendo las tendencias marcadas por otras naciones) ha establecido para contener la propagación del coronavirus Covid-19.
Las estimaciones menos catastróficas del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) advierten que en 2020 el crecimiento económico en México se podría contraer hasta 3.1% y alrededor de 615,000 empleos formales podrían desaparecer.
Sus previsiones más extremas apuntan a un escenario en el que el Producto Interno Bruto (PIB) del país disminuya hasta 5.7% y se pierdan 875,000 empleos.
En ese sentido, expertos en finanzas, presupuesto e integrantes de grupos empresariales urgen al gobierno federal “salvar” a las empresas de todos los tamaños de la quiebra y preservar los empleos formales, además de atender las necesidades de salud pública.
Específicamente sugieren condonar cuotas obrero-patronales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para Trabajadores (Infonavit), pagar de forma oportuna a los proveedores del gobierno y establecer un programa de inversión en infraestructura con un componente enfocado en lo “Hecho en México”.
La condonación del pago de cuotas obrero-patronales hasta por tres meses podría fungir como una disminución de pago de impuestos y con ello liberar el ingreso disponible para solventar costos generados por las acciones implementadas para afrontar la crisis sanitaria, apunta el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
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Otra medida que recomienda el CIEP es que los gobiernos estatales relajen el cobro de impuestos sobre ella nómina, el impuesto al hospedaje y el refrendo vehicular o de placas.
Una recomendación similar es la del IDIC que señala a pertinencia de condonar los impuestos de ejercicios fiscales de 2018 y anteriores para empresas que hayan cumplido con su declaración fiscal durante el primer semestre de 2020.
En el caso de la integración de un pograma de inversión en infraestructura basado en lo “Hecho en México”, el IDIC apunta que deberá enfocarse en la sinergia entre recursos públicos y privados, así como la construcción de carreteras, agua potable, drenaje, electricidad, servicios educativos y de salud de las comunidades pobres en México.
Asimismo solicita destrabar la inversión privada en el sector de la construcción y evitar modificar marcos regulatorios para la inversión privada. Forbes México