El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, reconoció el martes que su campaña electoral en 2010 recibió financiación ilegal y pidió perdón por el bochorno, del que según dijo no estuvo informado.
El reconocimiento de Santos se produce en momentos en que un tribunal electoral investiga el ingreso de recursos económicos a las campañas políticas de Santos y del candidato opositor Óscar Iván Zuluaga.
«Frente a la revelación de que hubo recursos no registrados en mi campaña de 2010, quiero expresar mi más absoluto rechazo y condena frente a ese hecho. Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso que nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar», dijo Santos en una alocución.
«No autoricé ni tuve conocimiento de esas gestiones, las cuales se hicieron en directa violación de las normas éticas y de control que exigí se impusieran en la campaña», explicó Santos, quien pidió a todos los involucrados aclarar a la mayor brevedad posible la inaceptable actuación.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, la constructora brasileña Odebrecht habría pagado 400.000 dólares a una empresa colombiana para imprimir dos millones de afiches de Santos en 2010, sin que haya habido registros contables de la operación. La legislación colombiana prohíbe la financiación de campañas proselitistas por parte de empresas extranjeras.
El entonces gerente de la campaña de Santos en 2010, Roberto Prieto, admitió más temprano en una entrevista radial que ordenó la impresión de los afiches y posteriormente envió la factura a Odebrecht sin que el candidato tuviera conocimiento.
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La Fiscalía de Colombia también investiga el pago de millonarios sobornos que hizo Odebrecht a políticos para que la favorecieran en la adjudicación de un contrato para la construcción de una autopista.
Un congresista está siendo investigado en Colombia por los sobornos de Odebrecht, que ya mandaron a la cárcel a un ex viceministro, un ex senador y un contratista particular.
En caso de que el Consejo Electoral encuentre pruebas contra las campañas de Santos o de Zuluaga en el 2014, podría hasta anular la inscripción de los partidos que los apoyaron, lo que en la práctica les impediría presentar candidatos para las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año.
Pero en relación con los hechos de las campañas del 2010, los mismos prescribieron por lo que no habría consecuencias administrativas para las campañas, aunque las personas implicadas podrían enfrentar cargos criminales por falsedad en documentos, según fuentes del tribunal electoral. Reuters
