Morelia, Mich., a 15 de febrero de 2015.- Integrantes de la Asociación Civil “Trabajando por un Patrimonio Digno, Campestre Tarímbaro A.C.” denunciaron en rueda de prensa las irregularidades con las que un grupo de policías ministeriales del municipio de Tarímbaro han amendrentando, amenazado de muerte y agredido físicamente desde enero del año pasado a la líder de dicha asociación, María del Carmen Escobar Hernández.
Durante una rueda de prensa, el representante de esta Asociación, Mario Ojeda Escobar, mencionó que, María del Carmen ha sido víctima de las agresiones y amenazas de un grupo de policías liderados por quien se hace llamar Antonio y/o José Pineda, quien dicho sea de paso se presenta con diferentes nombres.
Explicó Mario Ojeda que después de que la compañera María del Carmen fuera agredida a patadas y cachazos ocasionándole lesiones que culminaron con su hospitalización, fue hasta ahí que este funcionario de apellido Pineda se apersonó hasta la cama en la que convalecía la lideresa y ahí intentó amedrentarla diciendo que “iba de parte de Castillo y dictándole lo que debía declarar”.
Enseguida comenzaron a hostigarla con una reunión que en un inicio pidieron se realizara en las inmediaciones en alguna plaza pública, fuera de todo protocolo, por lo tanto, Mario Ojeda solicitó el apoyo del Dirigente del Partido del Trabajo para que dicha reunión se llevara a cabo en la sede estatal de este instituto político.
Los funcionarios policiales en dicha reunión mencionaron que iban a “conseguir una junta con el Comisionado Castillo y que si estaban ahí era porque su jefe Martín Godoy así lo había dispuesto”, dicha reunión nunca sucedió.
Mario Ojeda Escobar detalló que las negociaciones se detuvieron ya que aún con la total disposición de llegar a un acuerdo, María del Carmen seguía siendo objeto de amenazas de muerte y amedrentaciones.
En su intervención, el abogado que lleva el caso, Genaro Medina Mateo, mencionó que existen irregularidades desde que nunca se le hizo llegar algún requerimiento a la compañera para darle a conocer que debía presentarse ante la autoridad para conocer su condición y la detención se llevó a cabo con sin ninguna orden de aprehensión, entre otras, que no fueron expuestas por estrategia del abogado.
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Expuso Sandoval Flores que no hay duda de que la compañera sea presa política, ya que los mismos ministeriales que la golpearon en septiembre pasado, fueron quienes la hostigaron incluso en su cama en el Hospital y que entablaron mesas de diálogo en la sede estatal del Partido del Trabajo y aunque hoy estas personas ya no están al servicio de Alfredo Castillo, al parecer sí lo están de la empresa inmobiliaria y dijo no tener la menor duda de que hay corrupción y dinero de por medio.
El También Diputado Local, lamentó la función y desempeño de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a quienes se les han interpuesto ya 5 quejas sin que hasta el momento haya dado seguimiento al caso y se duda que en este mismo momento se estén protegiendo los derechos humanos de la compañera Escobar Hernández, “lo que significa que no han despertado del dominio que tenía Alfredo Castillo”.
Sandoval Flores mencionó que es aún más lamentable que los jueces se presten a esta violación de los Derechos Humanos, por algún dinero que esta empresa Amandatini esté negociando por meter presa a la compañera.
CONTEXTO DEL CASO
Durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, se lanzó un programa de construcción de vivienda para que más mexicanos pudieran tener acceso a una vivienda y se les daba un subsidio para que alcanzaran a cubrir sus mensualidades sin comprometer el alimento, vestido, estudios,etc., sin embargo, al culminar esa administración y con la toma de poder de Enrique Peña Nieto, ese subsidio fue eliminado.
Por lo tanto, miles de personas que eran beneficiarias de tal programa comenzaron a caer en cartera vencida y lo que sucedía era que el banco las atraía y las vendía a un precio menor para recuperar la inversión.
La asociación “Trabajando por un Patrimonio Digno A.C”, al conocer de la realidad de las familias que poco a poco fueron abandonando sus casas por la falta de pago, comenzaron a organizarse de manera tal que se comenzó una gestión para llegar a un acuerdo con los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y desde la Secretaría de Gobernación.
El acuerdo, consistía en retabular las mensualidades para que las familias que habían perdido sus casas pudieron regresar a ellas con unas mensualidades más accesibles y que aquellas viviendas que estaban en cartera vencida y que estaban siendo vandalizadas pudieran ser ocupadas por familias dispuestas a pagar las mensualidades fijadas.
