El Senado de Colombia refrendó el nuevo Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la guerrilla izquierdista de las FARC, en un primer paso para implementar el pacto con el que se busca poner fin al conflicto armado interno más antiguo de América Latina.
El acuerdo modificado fue firmado la semana pasada entre el presidente Juan Manuel Santos y el máximo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño, alias «Timochenko», pero excluyó los cambios exigidos por la oposición política luego de que el pacto original fue rechazado en un plebiscito a comienzos de octubre.
Con 75 votos a favor y ninguno en contra, el Senado aprobó a la media noche del martes el acuerdo que permitirá que unos 7.000 guerrilleros de las FARC dejen las armas a más tardar en seis meses y formen un partido político, en medio de gritos de «viva la paz» de los congresistas.
El pacto con el que se busca poner fin a un conflicto armado de 52 años que ha dejado 220.000 muertos y millones de desplazados será debatido este miércoles en la Cámara de Representantes, en donde se espera que la mayoría que respalda a Santos lo refrende, como sucedió en el Senado.
El Centro Democrático liderado por el ex presidente Álvaro Uribe, que exige cárcel para los jefes de la guerrilla por sus delitos cometidos en medio del conflicto y que se opone a que puedan postular a cargos de elección popular, se retiró en el momento de la votación.
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Uribe, quien durante sus dos periodos como presidente entre el 2002 y el 2010 lanzó la más fuerte ofensiva contra la guerrilla, dijo que el acuerdo debe ser refrendado a través de un plebiscito y no a través del Congreso. «Refrendación del acuerdo por parte del Congreso sustituye mandato popular», dijo el ex presidente.
El pacto ha dividido a la nación de casi 49 millones de habitantes, una sociedad conservadora donde todavía está arraigado el rechazo a la guerrilla por su pasado criminal y donde muchos aún no están dispuestos a perdonar.
Santos, ganador del Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para acabar el conflicto armado, deberá pasar proyectos de ley al Congreso para implementar el acuerdo, que incluye acceso a la tierra para los campesinos pobres, administración de justicia, narcotráfico, compensación a las víctimas, desminado y un cese bilateral y definitivo al fuego supervisado por la ONU. Reuters
