«No tienen por qué declarar los soldados, solo respondemos a las autoridades mexicanas», afirmó el general Salvador Cienfuegos en respuesta a una petición del Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ha investigado lo sucedido en Iguala en septiembre de 2014.
«Las leyes no lo permiten», argumentó Cienfuegos. «No puedo permitir que interroguen a mis soldados, que no cometieron ningún delito».
Se da la circunstancia de que los soldados, a quienes familiares y organizaciones que las apoyan, siempre han querido implicar en los hechos, ya han declarado ante las autoridades mexicanas que no han logrado deslindar ninguna responsabilidad del Ejército en los hechos de aquella noche.
Cienfuegos agregó, durante una entrevista en el canal Televisa, que interrogar a los miembros del 27 batallón de infantería del ejército mexicano con base en Iguala que monitorearon sin intervenir lo sucedido aquella noche en Iguala, lanzaría el mensaje de que «tienen algo que ver» y tendría como consecuencia que el propio general «perdería mucho de lo que soy en este momento. Va por delante mi prestigio».
El general insistió en la versión oficial dada por las autoridades desde el primer día y que se basa sobre la comunicación establecida entre el comandante del batallón y el director de seguridad pública municipal, Felipe Flores, en busca y captura desde que sucedieron los hechos. Según Cienfuegos, Flores negó que existiese ningún enfrentamiento con los estudiantes así como que hubiera detenidos o disparos y que los accesos a la ciudad estaban bajo control.
El Ejército, que además de estar en comunicación no sólo con la policía local sino con la estatal, también tenía información de inteligencia propia sobre el terreno, como se ha confirmado en los diferentes informes oficiales hechos públicos hasta el momento, ha mantenido que esas comunicaciones negando incidentes son las que les motivaron a no intervenir.
«No hubo acción ni omisión en contra de nadie» afirmó Cienfuegos que siempre ha estado en contra no sólo de las declaraciones sino de una reiterativa petición de los familiares para tener acceso a las instalaciones del batallón porque piensan que allí, un año después, habrá pruebas de lo que sucedió con sus hijos.
Por su parte, el Grupo de expertos Independientes de la CIDH ya mostró durante la presentación de su cuarto informe sobre los hechos su preocupación por la ausencia de respuesta del Ejército a su petición de entrevistar a los soldados y ha reiterado que «está facultado en todo momento a sugerir al Ministerio Público ampliar las declaraciones que los 36 miembros (sic) del 27 Batallón hicieron en calidad de testigos».
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