En México, solamente una quinta parte de la población económicamente activa (PEA) podría sobrevivir un mes si perdiera su fuente de ingresos, pues únicamente 20 por ciento tiene ahorros para vivir más de seis meses por una incapacidad laboral.
De acuerdo a un estudio de la aseguradora Zurich Insurance Group, 80 por ciento de los trabajadores mexicanos no están preparados para enfrentarse a la pérdida de ingresos por alguna enfermedad, situación que han experimentado más de la mitad de los asalariados.
En general se subestiman los temas de salud, lo cual es preocupante porque un percance puede socavar las finanzas de un trabajador.
El estudio Income Protection Gap (Brecha de Protección de Ingresos) se realizó en más de 11 mil personas de 11 países de Europa continental, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) de habla inglesa, de Latinoamérica y del sur de Asia.
De acuerdo con el informe, en nuestro país, la protección de los ingresos está limitada y cubre solo a una minoría de la población trabajadora, a diferencia de países como España donde se podría sobrevivir 3.3 años con sus ahorros o Alemania que tendrían una reserva de capital para 6.8 años.
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El estudio, realizado en conjunto con la Universidad de Oxford, reveló que una de cada tres personas tiene algún tipo de cobertura de vida o enfermedad, lo que demuestra la importancia de informar de cómo pueden proteger sus ingresos contra una discapacidad, enfermedad grave e inclusive un deceso.
En este sentido, 54 por ciento de los mexicanos ha tenido que utilizar sus propios ahorros para cubrir el déficit en sus ganancias y 44 por ciento tuvo que apoyarse en su familia para solventar sus gastos, lo cual deja sus finanzas en una posición vulnerable.
En tanto, 79 por ciento dijo que prefiere percibir un salario más bajo pero con un paquete de protección de los ingresos de parte de su empleador, ya que 14 por ciento de ellos afirmó no contar con apoyo alguno para solventar esta situación.
Mientras que más de 60 por ciento no considera que su empresa, empleador ni tampoco el Estado lo ayudarían financieramente durante más de seis meses.
