
Clara Gómez González, testigo de los hechos ocurridos en una bodega en Tlatlaya, en la que murieron 22 personas, y madre de una de las víctimas, no ha recibido ninguna indemnización por reparación de daños, aunque la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ya entregó 22 millones de pesos a 37 familiares de cinco víctimas.
Por «violación de derechos humanos cometida por autoridades federales», la CEAV entregó recursos por 22 millones 596 mil pesos a los familiares de cinco de las 22 víctimas mortales del caso Tlatlaya.
En la recomendación 51/2014, emitida en octubre de 2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que el 30 de junio de 2014 murieron 22 personas en una bodega en el municipio de Tlatlaya: cuatro durante un enfrentamiento con elementos del ejército, tres más por fuego cruzado, 12 personas fueron asesinadas arbitrariamente por personal militar y tres más fueron movidos de su ubicación, lo que «hace presumir que fueron privados de su vida de manera arbitraria». Tres personas más sobrevivieron al enfrentamiento, una de ellas es Clara González Gómez.
Entre mayo y diciembre de 2015, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas entregó a 37 familiares de cinco víctimas en el caso Tlatlaya indemnizaciones por un total de 22 millones 596 mil pesos.
Para acceder a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que la CEAV es necesario cumplir con cuatro requisitos: estar inscritos al Registro Nacional de Víctimas (Renavi), solicitar el acceso a los recursos del Fondo, no haber recibido ningún apoyo económico de la Administración Pública Federal y la resolución de un organismo público de protección de derechos humanos.
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«Clara cubre los cuatro supuestos», dijo Santiago Aguirre, abogado de González Gómez.
El abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez explicó que la Comisión de Atención a Víctimas ha dialogado con Clara y que aproximadamente en noviembre de 2014 se inició el proceso para que ella accediera a los recursos del Fondo como víctima sobreviviente y como familiar de una de las víctima mortales, su hija Erika.
«Puede ser un factor en que la CEAV en los casos de ejecución consideró, probablemente como base, la consignación de PGR, que como lo decíamos, reconoce que solo hubieron ocho ejecuciones, entre esas ocho no está la hija de Clara. Puede ser, me imagino, que la CEAV había empezado por esas ocho víctimas», explicó el abogado sobre por qué Clara no ha recibido los recursos.