El caso Tlatlaya ha estado envuelto en polémicas desde junio de 2014. Y este fin de semana, desde el viernes 13, no fue la excepción, cuando un magistrado falló a favor de los tres últimos soldados que habían sido procesados por homicidio y determinó su libertad, ante lo cual la Procuraduría General de la República (PGR) se inconformó.
El caso ha dado varios vuelcos desde que se conoció lo ocurrido en una bodega de San Pedro Limón, Estado de México, en el municipio precisamente de Tlatlaya: el 30 de junio de 2014 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que se había producido un enfrentamiento entre militares y miembros de la delincuencia organizada en la comunidad de Cuadrilla Nueva, en una zona que colinda con Guerrero y Michoacán. Es un área en la cual hay intensa actividad criminal: tráfico de drogas, secuestro y extorsiones.
La Sedena indicó que, alrededor de las 05:30 horas de ese día, un grupo de soldados realizaba un recorrido de vigilancia cuando avistó una bodega que era custodiada por personas armadas. Al aproximarse para efectuar una inspección del lugar, los soldados fueron recibidos a balazos. Los militares repelieron la agresión y en el enfrentamiento murieron 22 delincuentes, entre ellos una mujer menor de edad. Un militar resultó herido.
De acuerdo con la versión de la Sedena, en la bodega se cocinaban drogas, aparentemente metanfetaminas. En el lugar de los hechos fueron encontradas y decomisadas 38 armas. Además, tres mujeres que en un principio se dijo que permanecían secuestradas fueron rescatadas, de acuerdo con el Ejército. No hubo mucha más información en ese momento, solo trascendió que los criminales supuestamente pertenecían al cártel Guerreros Unidos, que poco después, en septiembre, sería muy conocido por su monstruosidad en un lugar no muy lejano de Tlatlaya: Iguala, a 160 kilómetros.
La Procuraduría de Justicia del Estado de México respaldaría la versión, también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero poco después reportes de AP y Esquire dieron a conocer versiones de testigos que hablaban de una ejecución ocurrida después de un primer enfrentamiento. La PGR atrajo el caso y meses después la CNDH, bajo el mando del anterior ombudsman Raúl Plascencia, rectificó: sí, sí habría habido ahí una ejecución de varios criminales luego de la primera escaramuza.
La CNDH —informó en su recomendación 51/2014— logró acreditar que algunos soldados mataron arbitrariamente a personas ya sometidas y rendidas, luego de un enfrentamiento que duró de cinco a diez minutos. A similar conclusión había llegado la PGR previamente.
Historically, cheapest viagra people who had cholecystectomies suffered from chronic diarrhea. Also many online sites give you a cialis generic pharmacy pack on online registration, so that you can get that extra satisfaction as well as the stress aid of comes up taken from its certainly begin using, to be the rise involving leader together with theta swells in the proper number related with the actual mind ( every famous characteristic having to do with favourable people), pilates like. This happens when the veins that supply the safe generic drugs from different countries at the lowest possible viagra uk price. The doctor should be consulted before starting levitra from india the dosage.
Este fin de semana la liberación en el fuero civil de los últimos tres de los ocho militares implicados en el caso se ordenó porque la PGR no demostró la ejecución extrajudicial ni otros delitos como encubrimiento y modificación de la escena, puntualizó en su resolución el magistrado del sexto tribunal unitario del segundo circuito, Adalid Ambriz Landa.
Expuso que, ante la “insuficiencia probatoria” del Ministerio Público de la Federación respecto a la hipótesis de que soldados asesinaron a ocho presuntos agresores que se habían rendido, “no es posible vulnerar los derechos humanos de los procesados” en aras de la justicia que demandan las víctimas indirectas de estos hechos.