La patrulla militar involucrada en la muerte de 22 civiles en Tlatlayacontaba con instrucciones muy precisas: “Las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”. Este mandato del estamento militar que dirigía la patrulla pertenece a un documento del sumario abierto por la justicia castrense que investiga la masacre, y que de momento se ha saldado con la detención de ocho militares. Esta nueva pieza en el oscuro puzle de lo ocurrido la madrugada del 30 de junio del año pasado al sur del Estado de México refuerza la tesis de la ejecución sumaria.
El documento ha sido revelado este jueves por la organización civil Centro Prodh, aprovechando el primer aniversario del suceso. Prodh son los abogados de una de las tres únicas supervivientes y cuya declaración como testigo causó un vuelco en la investigación oficial, tanto por la vía civil como por la militar, enrocada durante los primeros meses en una endeble versión exculpatoria que apuntaba a un imprevisto enfrentamiento contra una grupo de narcotraficantes.
La orden fue suscrita por el teniente del batallón 102 de infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, uno de los detenidos por la justicia castrense bajo los cargos de desobediencia e infracciones al deber. El informe presentado por Prodh, respaldado por el puñado de organizaciones de derechos humanos –Amnistía Internacional,Artículo 19, CMDPDH, entre otras– que siguen el caso, aboga por ampliar el foco de la investigación. Solicita que toda la cadena de mando, hasta lo más alto del escalafón militar, se siente en el banquillo.
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“En el cuerpo de la orden se reiteran las operaciones y el modo en que han de llevarse a cabo; refiriéndose específicamente que son órdenes del Alto Mando, es decir, del secretario de Defensa Nacional”, reza el informe. Las asociaciones exigen además que la nueva investigación recaiga por completo en tribunales civiles, ya que según la jurisdicción internacional, al tratarse de un caso de violaciones de derechos humanos el caso excede la competencia de la justicia militar.
En el primer relato oficial, sostenido por el ejército, se decía que aquella noche un convoy militar que inspeccionaba el terreno se había topado por casualidad con una bodega custodiada por un grupo de personas armadas, que al ver a los soldados, abrieron fuego. El resultado fueron 22 civiles muertos –supuestos narcotraficantes relacionados con el cartel La Familia- y un militar herido sin gravedad. Durante meses la Secretaría de Defensa Nacional echó el cerrojo: no se facilitó las identidades de los fallecidos, no se explicó qué hacían de madrugada las tropas. Tampoco cómo fue posible que muriesen todos los supuestos narcos, sin que quedase vivo ninguno, y sin ninguna baja militar a cambio.
El relato de una testigo presencial hizo saltar las costuras de la versión oficial. La madre de una adolescente muerta aquella noche, presente durante el acto de presentación del informe de Prodh, aseguró que los soldados lograron capturar a sus oponentes y que luego, tras interrogarles, los mataron a sangre fría, uno a uno. La presión internacional, como tantas otras veces, fue determinante para abrir un poco más el foco de luz en México. Sólo tras una taimada reprimenda del Departamento de Estado estadounidense, el propio presidente Peña Nieto ordenó que las pesquisas pasasen a la vía civil, a manos de la Procuraduría General (Fiscalía), un organismo bajo su control.
Una vez abierto el férreo candado de la Secretaría de Defensa Nacional, llegaron las primeras detenciones de soldados y la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Su dictamen extendió aún más los límites de la investigación. La versión de la CNDH es que ocho militares mataron a sangre fría a 15 civiles, entre ellos dos adolescentes, que ya se habían rendido tras un enfrentamiento armado en el que habían muerto otras siete personas. Una vez asesinados, según la comisión, los militares manipularon la escena del crimen, para hacer creer que todos habían caído durante un cruce de disparos.
La exigencia de las asociaciones civiles de que la investigación de la PGR se ensanche –la Fiscalía solo considera de momento que fueron ocho los ejecutados– y que el caso caiga de lleno en un tribunal civil cuenta también con el respaldo del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Christof Heyns se ha pronunciado varias veces sobre la necesidad de extremar las atención sobre los supuestos casos de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias en México. Esta semana volvió a incidir en que su petición de justicia por el caso Tlatlaya.
Desde EE UU llegó además este jueves un nuevo recado. Un grupo de 80 congresistas estadounidenses remitieron una carta al secretario de Estado, John Kerry, para expresarle su preocupación por las violaciones de derechos humanos en México e insistieron en que se trata de un «patrón amplio» más allá de los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya. La polémica sobre violaciones de derechos humanos a manos del Ejército se disparó durante la legislatura 2006-2012 de Felipe Calderón, que decidió sacar a los militares a la calle para combatir al crimen organizado. El presidente Enrique Peña Nieto ha dado continuidad a esa medida. Actualmente entre 35.000 y 45.000 soldados patrullan por el espacio público e intervienen contra la delincuencia organizada.
