La tregua de 2012 pactada entre las pandillas Mara 13 y Barrio 18, al amparo de las instituciones en El Salvador, redujo los niveles de violencia, pero a cambio les dio el poder de influir y demandar mayores concesiones, afirmaron expertos.
El acuerdo de reducción de violencia entre los grupos criminales Mara 13 y Barrio 18 a simple vista dio como resultado la disminución de homicidios, pero en realidad les dotó de la capacidad para incidir y negociar con el gobierno mayores concesiones, aseguró a Excélsior Jeannette Aguilar, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”.
Además, de acuerdo con Carlos Ponce, criminólogo salvadoreño y columnista de El Diario de Hoy, las pandillas comprendieron que al controlar la visibilidad de su violencia, ya sea al incrementar o disminuir la cantidad de hechos de sangre registrados, tenían en sus manos “una ficha de negociación” con el gobierno que les permitía una posición mucho más privilegiada.
Con la tregua el número de homicidios se redujo, ya que pasó de 14 asesinatos diarios a solo cinco o seis por día, pero en contraste las estadísticas de personas desaparecidas se elevaron en más de 400 casos anuales: Cifras de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador señalan que de enero de 2010 a mayo de 2015 se registraron 8,193 desapariciones.
Ponce señaló que esas cifras son un reflejo de que el pacto con el gobierno “fue artificial” y que las pandillas no dejaron de cometer los homicidios, sino que optaron por una forma más controlada y planificada al transportar los cuerpos a cementerios clandestinos en lugar de dejarlos en las calles para que no fueran registrados por las estadísticas oficiales.
Bajo el pacto de 2012, durante el gobierno del entonces presidente Mauricio Funes, el gobierno consintió el traslado de los líderes de las pandillas Mara 13 y Barrio 18 a cárceles con mejores condiciones a cambio de que se comprometieran a reducir la violencia.
En ese momento, un análisis de la consultora InSight Crime precisó que la tregua había sido excluyente y que carecía de transparencia, ya que los principales actores de la sociedad civil no habían sido incluidos y que incluso la Iglesia católica, que medió en las conversaciones, declaró que lo pactado no resultó en beneficio de la sociedad honrada y trabajadora.
Además, Ponce dijo que actualmente no tienen clara la magnitud de esos pactos y “se comete un error al referirse a esa situación como una tregua, porque en realidad estamos hablando de una negociación entre el Estado y las principales pandillas”.
En el texto: Tregua entre pandillas en El Salvador: aspectos positivos y negativos, InSight Crime ya pronosticaba que esas medidas podrían provocar que el gobierno fuera tomado como rehén de las pandillas por medio de la violencia y las actividades criminales, y que éstas entendían que al aumentar su apuesta criminal, a través de homicidios, extorsiones u otros medios, ganarían capital político y un asiento en la mesa al momento de negociar.
“Poco a poco esos vaticinios se convirtieron en realidad, ya que, debido a la interacción con los políticos (las pandillas) han logrado incrementar su control e influencia en sus comunidades, además de que cuentan con una conciencia y una habilidad política mucho más aguda”, precisó Ponce.
Otra de las consecuencias de esa “interacción negativa”, que el criminólogo observó, es que las pandillas en El Salvador se convirtieron en una herramienta electoral codiciada por partidos políticos al servir como “los militantes más peligrosos”, con la capacidad de intimidar a las personas con el objetivo de influir en su voto y al ser estructuras delincuenciales numerosas (con alrededor de 60 mil pandilleros) tienen un alcance territorial bastante fuerte.
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En ese sentido, Ponce precisó que existen alianzas entre esos grupos y que son en función de generar algún tipo de beneficio económico, pero que, por lo general, son temporales.
Asegura que una posible fusión entre Mara 13 y Barrio 18 no es factible, ya que se debe considerar que ambas agrupaciones van más allá de El Salvador y pertenecen a una constelación pandillera transnacional tanto en otros países de la región como en Estados Unidos, entonces “salirse de ello sería un error”.
A diferencia del gobierno de Funes, que terminó en 2014, el actual régimen cambió su actitud con respecto al pacto y bloqueó algunas de las facilidades que tenían los líderes pandilleros en prisión, pero eso propició que la situación en El Salvador se agravara.
El actual presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, ha optado por una política de mano dura en contra de las pandillas, pero el impacto se tradujo en el recrudecimiento de la violencia al enfrentar a las fuerzas del orden y a los grupos delictivos.
En abril pasado, Sánchez Cerén ordenó al Ejército la creación de tres batallones de reacción inmediata para hacer frente a la criminalidad y horas después, nueve pandilleros murieron en un enfrentamiento con soldados mientras que por la noche un sargento fue acribillado en su vivienda, señaló el diario español El País.
Una media de reacción por parte del grupo Barrio 18 llevó a que más de cien líneas de autobuses de transporte público fueran paralizadas hace dos semanas como forma de presionar al gobierno para negociar nuevamente una tregua.
Jeannette Aguilar definió a las medidas del gobierno como una respuesta fallida que favorece que estos grupos adopten rasgos de grupos combativos que confrontan y atentan en contra del Estado.
Mientras que Ponce señaló que existe una debilidad en el aparato de seguridad y del Estado para lidiar con el problema de las pandillas y que en términos de estrategia el gobierno maneja un discurso improvisado y poco concreto.
“Vemos al gobierno reaccionar de forma mediática, proponiendo medidas poco inteligentes con un discurso populista que no tiene sustancia”.
De seguir así todo apunta a que las pandillas en los próximos años van a crecer y ganarán protagonismo y control en el país provocando que exista una interdependencia bastante fuerte entre el sistema y los grupos delictivos en El Salvador, precisó.
